Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

Report
June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


Estas medidas incumplen abiertamente las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento de las disposiciones del PIDCP por parte de los Estados y que ya en 1994 recomendó que «es preciso conseguir un equilibrio entre las instituciones estatales y las instituciones privadas que se ocupan de los derechos humanos», y sugirió que «se adopten medidas para dar más estímulo a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en Túnez».(12)

En febrero de 2002, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expresó preocupación ante «la situación de los defensores de los derechos humanos y las condiciones en las que realizan sus actividades en Túnez». La representante especial afirmó también que las violaciones de que eran objeto los defensores de los derechos humanos «se cree que consisten fundamentalmente en registros ilegales, confiscación de propiedades, llamadas telefónicas anónimas y amenazantes, vigilancia por parte de personas no identificadas, cortes en las líneas telefónicas, detención arbitraria, retención de pasaportes, actuaciones judiciales, violencia física, difamación en los medios de comunicación, y otros actos que podrían constituir una constante de intimidación contra defensores de los derechos humanos». La representante especial indicó que «según la información recibida, una parte significativa de estos actos de acoso e intimidación se ha caracterizado por la impunidad, ya que, incluso en las raras ocasiones en que las autoridades judiciales han investigado los hechos, los autores nunca han sido procesados».(13)

Las autoridades tunecinas también han obstaculizado el trabajo de organizaciones internacionales de derechos humanos. Entre 1994 y 2000 se impidió que visitaran el país representantes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, como la Federación Internacional de los Derechos Humanos. A la Comisión Internacional de Juristas también se le ha denegado reiteradamente la entrada en el país.

En septiembre de 2001, miembros de las fuerzas de seguridad agredieron a dos delegados de Amnistía Internacional que se encontraban en Túnez para mantener reuniones con funcionarios y asistir como observadores a las vistas de apelación en las causas del defensor de los derechos humanos Dr. Moncef Mazouki y del sindicalista Lotfi Idoudi.(14) Cuando aún no habían pasado 48 horas desde su llegada fueron detenidos de noche por agentes uniformados de la policía de tráfico; agentes vestidos de civil, uno de los cuales afirmó que pertenecían a la «policía política» («police politique»), les obligaron a subirse a un coche particular. Los llevaron a una calle oscura, en donde les agredieron y les robaron. Las autoridades les devolvieron posteriormente algunas de sus pertenencias, aunque no los documentos. En una reunión posterior mantenida con los delegados, el ministro de Derechos Humanos, Slaheddine Maaoui,(15) justificó el incidente refiriéndose al aumento en las medidas de seguridad necesario tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. No se tienen noticias de que se haya iniciado una investigación sobre los hechos. Las personas que iban a entrevistarse con los delegados fueron amenazadas; al menos una de ellas recibió amenazas de muerte. Se consideró que este suceso era un mensaje que se enviaba a los defensores de los derechos humanos indicando que nadie estaba protegido frente a la intimidación por parte de las autoridades. Desde entonces, la campaña para silenciar e intimidar a los defensores de los derechos humanos en el país ha continuado.