|
|
|
 
|
|
|
|
Durante mucho tiempo, los EE.UU. han condenado la tortura y otros abusos contra los derechos humanos perpetrados en el extranjero. Sin embargo, no se han esforzado por juzgar a los torturadores una vez que ingresan a los EE.UU. En 1994, el Congreso sancionó una ley que tipifica a los actos de tortura cometidos fuera de los EE.UU. como delitos. Casi ocho años después, ninguna persona acusada de haber cometido torturas ha sido juzgada de acuerdo con esta ley. Lo que usted puede hacer Pídale al fiscal general Ashcroft que haga cumplir las leyes de los EE.UU. y que capture y enjuicie a los torturadores. Se adjunta una carta de muestra. Antecedentes En marzo de 2000, el Mayor (Retirado) del Ejército de Perú, Tomas Ricardo Anderson Kohatsu, viajó a los EE.UU. para prestar testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de poder abandonar el país, el Departamento de Justicia lo interrogó con respecto a acusaciones de la presunta tortura de dos agentes de los servicios de inteligencia en Perú. Sin embargo, Anderson Kohatsu fue autorizado a regresar a Perú después de la intervención del Departamento de Estado para impedir su arresto. Este incidente ha sido ampliamente considerado como el primer intento por parte del gobierno de los EE.UU. para iniciar acciones de acuerdo con 18 U.S.C. § 2340A, que considera que cometer torturas fuera de los Estados Unidos constituye un delito federal en ese país. No es sorprendente que un supuesto torturador haya sido identificado en los Estados Unidos. Las organizaciones no gubernamentales que investigan estos casos estiman que cientos de torturadores pueden estar viviendo en los Estados Unidos, una afirmación que no es discutida por la unidad federal que tiene a su cargo la investigación de personas sospechosas de haber cometido abusos contra los derechos humanos. Tampoco es sorprendente que los funcionarios de los EE.UU. no hayan procesado al sospechoso. Han pasado casi ocho años desde que el Congreso sancionó la ley que autoriza el procesamiento criminal por actos de tortura perpetrados en el extranjero, y hasta ahora ningún torturador ha sido llevado ante la justicia. Como firmante de la Convención contra la Tortura, los EE.UU. están obligados a procesar o extraditar a supuestos torturadores. 18 U.S.C. § 2340A fue sancionada para implementar esta obligación. Sin embargo, parece ser que los recursos inadecuados y la falta de voluntad política permiten que los Estados Unidos se transformen en un refugio seguro para algunos de los peores criminales y abusadores de los derechos humanos del mundo. Ninguna de las agencias del gobierno federal ha sido asignada para investigar y procesar a las personas sospechosas de cometer abusos contra los derechos humanos. Tampoco se han destinado fondos para esta tarea. El Departamento de Justicia de los EE.UU. debe hacer que la investigación y el procesamiento de supuestos torturadores se transforme en una prioridad.
Estimado fiscal general Ashcroft: Desde hace años, los Estados Unidos han condenado la tortura y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en el extranjero. Sin embargo, nunca se ha procesado a los torturadores una vez que entran al país. En 1994, el Congreso sancionó una ley que clasifica a los actos de tortura perpetrados fuera de los EE.UU. como delitos. Ya han pasado casi ocho años y ninguna persona acusada de haber cometido actos de tortura ha sido procesada conforme a esta ley. Como firmante de la Convención contra la Tortura, los EE.UU. están obligados a investigar y procesar o extraditar a los supuestos torturadores. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales, e incluso la unidad federal cuyo mandato incluye la investigación de los abusos contra los derechos humanos, estiman que cientos de perpetradores están viviendo en los Estados Unidos en este momento. Exhortamos a que la investigación y el procesamiento de los presuntos torturadores sea una prioridad. Los Estados Unidos no deben convertirse en un refugio seguro para torturadores considerados como hostis humani generis, enemigos de la humanidad entera. Si los crímenes cometidos por estas personas quedan impunes, esto constituye una afrenta para la justicia y sólo servirá para perpetuar ulteriores violaciones de los derechos humanos. Le agradezco su atención. Espero obtener una respuesta y saber cuáles son los medidas que piensa tomar para hacer frente a este problema. Atentamente,
|
|
|
||||
