Sin lugar a dudas la mayoría de los estadounidenses se sorprenderá al enterarse de que torturadores de todas partes del mundo viven en los Estados Unidos. En efecto, el gobierno de los EE.UU. ha reconocido que es probable que hasta 1.000 presuntos torturadores residan actualmente en este país. Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional revelan que alrededor de 150 presuntos violadores de los derechos humanos viven en los Estados Unidos, y esta cifra puede ser mucho más alta.

La tortura es una grave ofensa contra la dignidad del hombre, la justicia y el estado de derecho. Se encuentra estrictamente prohibida por el derecho internacional, que obliga a los estados a extraditar o juzgar a las personas arrestadas en su territorio que se encuentren bajo sospecha de haber cometido actos de tortura, cualquiera sea el lugar donde dichos actos hayan ocurrido. La tortura es un crimen sujeto a la jurisdicción universal: cualquier estado puede enjuiciar a sus perpetradores. Los EE.UU. aceptaron este compromiso internacional al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1994. Sin embargo, a pesar de que los EE.UU. aceptaron este mandato indiscutible, perpetradores de este crimen siguen entrando y viviendo en los EE.UU. con total impunidad.