CONAVIGUA fue creada en 1988 por un grupo de viudas que sufrieron la ejecución extrajudicial o "desaparición" de familiares durante el conflicto armado ocurrido en Guatemala, el cuál duró más de 36 años. Su trabajo se ocupa principalmente de las mujeres, derechos humanos y comunidades indígenas. Desde el momento mismo en que se fundó la organización, los líderes y miembros de CONAVIGUA han debido soportar reiteradas amenazas y acoso, en lo que sólo se puede describir como una campaña deliberada y calculada en su contra. Desde que el conflicto armado llegó a su fin, CONAVIGUA ha llevado a cabo 22 exhumaciones en cementerios clandestinos, con el apoyo técnico de la Fundación de Antropología Forense Guatemalteca (FAFG). El año pasado, CONAVIGUA se encargó de la distribución de la asistencia de AI destinada a respaldar dos proyectos de este tipo. También durante el año 2000, CONAVIGUA se incorporó como parte en el juicio que la Fundación Rigoberta Menchú entabló en España, acusando a ocho ex dictadores, presidentes y ministros de Guatemala de genocidio. Como consecuencia, se renovaron las amenazas contra los miembros de CONAVIGUA.

Recientemente, los miembros de CONAVIGUA han recibido amenazas reiteradas debido a su participación en el caso de la familia Pichol, defensores de los derechos de los indígenas. El padre y la madre han tenido una participación activa en CONAVIGUA y el padre también ha participado en la Defensoría Maya, un grupo de defensa de los derechos legales de los indígenas. El año pasado, la familia debió abandonar su comunidad después de presentar una denuncia por la violación reiterada de una de sus hijas, Ana María, que en aquel entonces tenía sólo 12 años. El hombre supuestamente responsable del abuso sexual se encuentra bajo sospecha de haber cometido una serie de violaciones contra mujeres indígenas en el área durante el largo conflicto civil de Guatemala, cuando su condición de representante civil local del ejército (comisionado militar) le otorgaba una virtual inmunidad contra cualquier acusación legal. Después de que la familia denunció estas violaciones a las autoridades, empezaron a recibir amenazas de muerte y otro de sus hijos fue secuestrado durante algunos días. AI considera que la violación de la niña tuvo como objetivo castigar e intimidar a su padre debido a su tarea y que los abusos posteriores se produjeron como venganza por denunciar las violaciones y buscar justicia. Debido a esta situación, los Pichol y sus 7 hijos pequeños se refugiaron en las oficinas de CONAVIGUA en la Ciudad de Guatemala (a pesar de que allí ya no había espacio). Los fondos de ayuda por parte de AIUSA le han permitido a la familia encontrar otra vivienda y buscar asesoramiento emocional para Ana y los otros miembros de la familia. El caso Pichol se encuentra de nuevo en los tribunales, donde será sometido a un nuevo juicio. Para ellos, aún es peligroso regresar a su hogar.

Durante muchos años, varios miembros de CONAVIGUA pertenecientes a la misma comunidad han sido amenazados y acosados por las autoridades locales, y las amenazas han ido en aumento desde que los trabajadores de CONAVIGUA empezaron a ayudar a la familia Pichol. En una llamada telefónica realizada el 2 de diciembre de 2000, un hombre que se identificó como "miembro de una banda armada de secuestradores y asesinos" amenazó de muerte a la representante de CONAVIGUA Rosa Tuis Guarcax y a su familia. En amenazas telefónicas subsiguientes se le advirtió que dejara de exigir el enjuiciamiento del supuesto violador de Ana María. Debido a su trabajo en el caso Pichol, Rosa Tuis, otra trabajadora de CONAVIGUA, Cecilia Guarcax, y sus familias debieron abandonar la comunidad debido a las constantes amenazas de muerte recibidas.