El obispo católico y líder de los derechos humanos Juan José Gerardi Conedera era coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), y Director del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia. Bajo su liderazgo, los miembros de la ODHAG entrevistaron a miles de sobrevivientes del conflicto interno de 36 años ocurrido en Guatemala, y recopilaron sus testimonios en un informe histórico de cuatro tomos que describe las causas y consecuencias de la guerra civil. Al igual que el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas publicado un año después, en 1999, la Iglesia informó que la gran mayoría de los abusos contra los derechos humanos habían sido cometidos por el ejército guatemalteco y sus aliados paramilitares. El obispo Gerardi hizo público este informe el 24 de abril de 1998 y dos días después fue brutalmente asesinado en el garaje de su casa. En junio de 2001, tres miembros de los servicios de inteligencia militar fueron condenados por este crimen. Un sacerdote también fue condenado como cómplice. Además, el tribunal ordenó que también se investigara a otros 12 miembros de las fuerzas armadas. La defensa ha presentado apelaciones y todas ellas aún están pendientes al 6 de noviembre de 2001.

El caso Gerardi es importantísimo, dado que por primera vez los tribunales guatemaltecos han emitido un fallo histórico que representa una victoria sin precedentes para el estado de derecho y un avance fundamental en la larga batalla de este país contra la impunidad. El tribunal del caso Gerardi ha sido el primero en declarar a oficiales de las fuerzas armadas culpables de un delito grave contra los derechos humanos en Guatemala. La impunidad reinante demoró la investigación de este caso durante tres años (desde el principio, se alteró la escena del crimen y se extraviaron pruebas fundamentales). A lo largo de toda la investigación, la defensa presentó peticiones sin fundamento de forma reiterada y la policía, las fuerzas armadas y el personal del poder judicial obstruyeron las actuaciones de forma sustancial. Varios testigos o testigos potenciales fueron asesinados durante el transcurso de la investigación. Para cuando el caso llegó a la corte, casi cien personas, incluyendo jueces, fiscales y abogados, habían sido amenazadas o atacadas. Al final, quince personas habían debido partir hacia el exilio. Dado este historial, los observadores internacionales, incluyendo a Amnistía Internacional, consideraron que el enjuiciamiento exitoso de este caso emblemático era absolutamente crucial para el proceso de paz en Guatemala. Junto con la comunidad internacional, Amnistía Internacional recibió con beneplácito el fallo definitivo de los jueces, emitido el 8 de junio de 2001.

A pesar del fallo condenatorio del tribunal de primera instancia en junio pasado, Amnistía Internacional siente una honda preocupación con respecto al futuro del caso Gerardi. Es probable que las apelaciones y otros recursos de la defensa mantengan el caso en los tribunales durante años. Entretanto, todas las personas involucradas (jueces, abogados y testigos) seguirán estando en peligro. Una nueva ola de intimidaciones está debilitando paulatinamente las condenas que tanto ha costado conseguir y está afectando seriamente a los defensores de los derechos humanos en ODHAG, la Fundación Myrna Mack y otras organizaciones relacionadas con el caso. Exactamente una semana después de que el tribunal emitiera su fallo histórico, se empezaron a recibir amenazas de muerte cuya frecuencia fue en aumento (por un tiempo llegaron a ser diarias) en los hogares de los jueces, testigos y fiscales. Dos testigos que están en prisión informaron que recibieron amenazas de muerte y otros cuatro testigos huyeron del país. Recientemente, el fiscal principal abandonó el país debido a amenazas constantes contra él mismo y su familia. Su reemplazante ya se encuentra sobrecargado con varios otros casos de derechos humanos de alto riesgo, incluyendo dos casos en los que se acusa a un ex-Presidente y su Alto Mando Militar de crímenes de guerra.

Por último, hay obstáculos adicionales que afectan la aptitud del nuevo fiscal para hacerse cargo de las apelaciones y las investigaciones diligenciadas por el tribunal. Reducciones en el presupuesto del Ministerio Público han afectado al personal, vehículos y oficinas del nuevo fiscal, por lo cual el fiscal dispone de menos recursos que nunca. Se rumorea además que uno de los jueces asignados para presidir el juicio de apelación es un asociado cercano de las fuerzas armadas. El Ministro del Interior, bajo cuya vigilancia continuará el caso, es un ex-oficial de inteligencia del ejército, vinculado con las operaciones contrainsurgentes realizadas durante los años más sangrientos de la guerra civil de Guatemala.

Dados los hechos ocurridos durante los dos últimos meses, es posible que los militares guatemaltecos consigan derrotar una vez más al debilitado sistema judicial de Guatemala. Sin una presión internacional constante, este será uno más de los innumerables casos de crímenes impunes de los militares en Guatemala.

AI ha emitido once Acciones Urgentes y seguimientos sobre este caso, incluyendo una acción en enero de 2001 en nombre de Mynor Melgar, abogado de ODHAG, una acción en febrero en nombre del juez Cojulún y el personal de ODHAG y una acción en marzo en nombre de la jueza Barrios y otros administradores de justicia. Para más detalles con respecto a incidentes anteriores contra ODHAG y otros involucrados en el caso Gerardi, ver AMR 34/01/2001, 34/04/20001, 34/08.01, 34/17/2001, 34/22/2001.

Personas vínculadas con el caso continuan recibiendo amenzas de muerte, más recientemente fue la Jueza Yasmín Barrios quien recibió amenzas. El 8 de enero del 2002 ella abandonó Guatemala "para salvar la vida." Debido a que la corte de apelaciones puede confirmar, modificar, o aún revocar las sentencias hechas en junio del 2001, AIUSA solicita que se mantenga el apoyo y la atención internacional en el caso Gerardi.