Antropóloga Myrna Mack Chang, cofundadora de AVANCSO ( Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales)
En la noche del 11 de septiembre de 1990 Myrna Mack fue apuñalada 27 veces por un operativo del EMP, quien la dejó muriendo en la banqueta enfrente de las oficinas de AVANCSO en la Ciudad de Guatemala. La investigación políticamente sensitiva de Mack estaba enfocada en las decenas de miles de aldeanos civiles desarmados quienes, bajo ataque por el Ejército, habían escapado hacia campamentos de refugiados en México o hacia las montañas del altiplano. Mack documentó las masacres que desplazaron a los campesinos mayas e investigó los esfuerzos gubernamentales para capturarlos y controlarlos. El método usado por el Ejército de reasentar a los desplazados internos – a los que sospechaba de colaborar con la guerrilla – consistía en albergarlos en “aldeas modelo” estrictamente controladas que, violando la ley humanitaria internacional, limitaban la libertad de movimiento de esos pueblos. El trabajo de investigación de Mack no tenía precedente, era autoritativo, y representaba una gran amenaza para el Ejército de Guatemala, el cuál – a través de sus políticas basadas en la seguridad nacional – había primero destruido infinidad de aldeas para luego confinar a los sobrevivientes desplazados en poblaciones bajo estricto control y escrutinio militar.
Debido a que Mack había colaborado con fundaciones y universidades de fama internacional, no solamente activistas de derechos humanos pero también académicos de todo el mundo condenaron su asesinato, uniéndose con su hermana Helen Mack para demandar justicia al gobierno de Guatemala. Desde el principio el Caso Mack estuvo caracterizado por irregularidades e incompetencia. Se desarrollaron ataques contra testigos y profesionales envueltos en la investigación. La escena del crimen no fue protegida; evidencia desapareció del lugar; un inspector de policía fue asesinado antes de poder testificar; y cualquier fiscal que progresaba en el caso era obstruido o reasignado. El Equipo de la Fundación Myrna Mack, establecido para buscar justicia en el Caso Mack y otros, fue constantemente amenazado. A pesar de todo eso, y gracias a los esfuerzos de Helen Mack y sus colegas, en 1993 el Sargento Noel de Jesús Beteta Alvarez del EMP fue juzgado y condenado por el asesinato de Mack.
Después de nueve años de tenaces esfuerzos por parte de la Fundación Mack y sus muchos aliados – nueve años de amenazas y hostigamientos – en el 2002 tres de los superiores de Beteta también fueron juzgados por el asesinato. El Coronel Juan Valencia Osorio fue condenado y sus cómplices puestos en libertad. En los tribunales se estableció claramente que la investigación de Mack había resultado (primero) en su constante monitoreo por el EMP y (eventualmente) en su asesinato y (cuando el EMP lo consideró necesario) la eliminación de evidencia y testigos en el caso.
En una situación profundamente preocupante – la cuál es prueba del continuo poder del EMP en la Guatemala de hoy – el 7 de mayo de este año un tribunal de apelaciones dejó sin efecto la condena contra Valencia Osorio. La corte no alteró las decisiones de los codefensores, el General Edgar Augusto Godoy Gaitán y el Coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, y ordeno la liberación inmediata de los tres individuos. Los procedimientos judiciales en el caso fueron históricos, ya que fue la primera vez que personas de alto rango y autores intelectuales de un crimen de derechos humanos comparecieron ante los tribunales de justicia. La anulación en el 2003 de la condena original también es igualmente histórica, ya que confirma que la impunidad aún reina en Guatemala y que los militares pueden escaparse de encarar la justicia sin ningún temor a ser castigados por cometer asesinatos premeditados.
