Obispo Juan José Gerardi Conedera, Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y Director del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)
En la noche del 26 de abril de 1998 Monseñor Gerardi fue asesinado a golpes por atacantes desconocidos en el garage de su hogar en la Ciudad de Guatemala. Solamente dos días antes, el Obispo había presentado el informe tan esperado del REMHI – el cuál confirmaba la culpabilidad militar en la vasta mayoría de los abusos a los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco. Las palabras que Monseñor Gerardo pronunció durante su presentación aún suenan poderosas: él pidió a los guatemaltecos “buscar las raíces” de las terribles injusticias – reflejadas en la historia de torturas, desapariciones y asesinatos.
Por mucho tiempo Monseñor Gerardi se había opuesto a los regimenes militares que gobernaron al país durante la guerra civil. Observadores de derechos humanos denunciaron su asesinato, calificándolo como una ejecución extrajudicial hecha por aquellos que estuvieron, y están, opuestos a los procesamientos de las pasadas violaciones a los derechos humanos. Testigos insistieron que dos miembros conocidos del EMP estuvieron en la escena del crimen – algo que por un año entero fue negado por el Ejército. Un vehículo con licencias del EMP estuvo parqueado afuera del lugar al momento del asesinato. Pero desde el principio las autoridades trataron de oscurecer en vez de iluminar la verdadera causa de la muerte de Monseñor Gerardi. Antes de que la escena del asesinato fuera protegida, oficiales del Ejército fotografiaron el cuerpo y contaminaron la evidencia existente en el lugar. Los investigadores a cargo ofrecieron teorías absurdas y sin fundamento para explicar el crimen, definiéndolo además de muchas maneras: desde un simple homicidio por un vago hasta un crimen pasional cometido por otro sacerdote, y aún hasta un golpe llevado a cabo por el crimen organizado conectado al tráfico de reliquias religiosas.
Mientras tanto, aquellos que presionaron para que se hiciera una investigación genuina sufrieron amenazas constantes e intimidaciones, las cuáles escalaron después de marzo de 1999 cuando los fiscales comenzaron a enfocarse en posibles motivos políticos. Una docena de testigos actuales o potenciales fueron asesinados durante la investigación. Al menos quince personas, entre ellas jueces y fiscales, fueron forzadas al exilio. En marzo del 2001 el coronel retirado Byron Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el especialista José Obdulio Villanueva – los dos últimos vinculados con el EMP – fueron juzgados por la muerte del obispo. Pero aún antes de que el caso llegara a los tribunales casi cien personas habían sido amenazadas o atacadas, entre ellas jueces, fiscales, abogados y testigos.
En junio del 2001 los tribunales declararon culpables a los tres hombres por la ejecución extrajudicial, y a un sacerdote por su complicidad en el crimen. Los testimonios bastante detallados durante el juicio además implicaron como autores intelectuales del asesinato a otros tres oficiales del EMP, por lo que los tribunales ordenaron que se investigara a media docena de oficiales del EMP, entre ellos el coronel Rudy Vinicio Pozuelos, el mayor Francisco Escobar Blás y Eduardo Villagrán Alfaro. Desde que las condenas fueron anunciadas otras personas han abandonado el país y más testigos han sido asesinados. Entre los últimos se encuentra Obdulio Villanueva; asesinado bajo circunstancias sospechosas un día después de que la Corte Suprema guatemalteca declarara válidas las sentencias contra él y los militares de alto rango. Al momento de ser asesinado Villanueva estaba en la cárcel esperando un nuevo juicio. Mientras tanto, en los últimos dos años y medio, no ha habido ningún progreso en cualquiera de las otras investigaciones del EMP ordenadas por los tribunales.
