Eduardo Epaminondas González Dubón, Presidente de la Corte Constitucional

La noche del 1ro. de abril de 1994 el juez González Dubón fue asesinado a tiros por dos hombres vestidos de civil que le dispararon cuando manejaba de vuelta a su hogar en la Ciudad de Guatemala. El juez González Dubón había recibido múltiples amenazas de muerte por teléfono; coronas funerarias habían sido tiradas hacia su jardín, y cinco hombres en un vehículo con vidrios polarizados habían estado vigilando su casa. Defensores de derechos humanos afirmaron que el asesinato fue una ejecución extrajudicial; pero las autoridades declararon que la muerte se debió a un intento de robarle el carro que salió mal, a pesar de que el vehículo no le fue robado.

El caso del juez González Dubón demuestra que en Guatemala aún los miembros más prominentes del poder judicial están bajo peligro de sufrir represalias si cumplen con sus obligaciones profesionales, cuando dichas obligaciones están contrapuestas a la voluntad del EMP. El juez, cuando fue asesinado, estaba preparándose para anunciar la decisión de la Corte Suprema sobre el papel jugado por el EMP en otro caso bastante público de abusos a los derechos humanos: el de la antropóloga Myrna Mack, asesinada por un sargento del EMP en 1990. El juez González Dubón también había decidido extraditar a un militar narcotraficante, el teniente coronel Carlos Ochoa Ruiz, a los EE.UU. Un año antes, en 1993, González Dubón también había declarado inconstitucional el “autogolpe” del entonces Presidente Jorge Serrano – decisión que resultó en el despido de dos generales del Ejército y en el nombramiento de un presidente civil interino.

Desde el principio las autoridades obstaculizaron descaradamente la investigación sobre el asesinato del juez González Dubón, y esto obligó a que en 1995 la institución a cargo de supervisar los tribunales guatemaltecos declarara que no se había hecho administrado la justicia en el caso del asesinato del juez. A principios de 1996 el Fiscal General reconoció que los fiscales a cargo del caso habían sido atacados y recibido amenazas de muerte varias veces al mes. Uno de ellos fue finalmente asesinado y otro obligado a salir al exilio. A finales de ese año seis hombres fueron condenados por el asesinato. Jueces de la Corte de Apelaciones recibieron amenazas de muerte y eventualmente cinco de los acusados fueron puestos en libertad después de apelar la condena. El sexto escapó y aún se encuentra a la fuga. Cuando la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio en 1997 dos testigos fueron asesinados. Sus testimonios señalaron al EMP de estar involucrado. En 1998 tres hombres fueron sentenciados por “robo agravado” pero los autores intelectuales del asesinato aún no han sido llevados a la justicia.