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Hay que abolir al Estado Mayor Presidencial (EMP),
la Notoria Unidad de Inteligencia Militar Guatemalteca
El Estado Mayor Presidencial (conocido también como la Guardia
Presidencial) ha sido una de las unidades de inteligencia militar más
notorias. El EMP ha estado implicado en muchos de los casos más
prominentes de abusos a los derechos humanos (ver las Hojas de Caso).
Los Acuerdos de Paz firmados en 1996, los cuáles le dieron fin
oficial al conflicto de más de tres décadas, identificó
la abolición del EMP y otras reformas a los aparatos de inteligencia
militar como aspectos fundamentales de la desmilitarización.
Foto izquierda, el ex jefe de del Estado Mayor Presidencial
(EMP), el General Edgar Augusto Godoy Gaitán (izq.), y el Coronel Juan
Guillermo Oliva Carrera (derecha) escuchan el veredicto del juicio llevado
a cabo en octubre del 2002. A ambos se les retiró el cargo de homicidio
en contra de la antropóloga Myrna Mack en 1990. Foto derecha, Alfonso
Portillo toma posesión como presidente de Guatemala en enero del
año 2000. (© AFP)
El Presidente Portillo prometió repetidamente que desmantelaría
el EMP, solamente para después posponer o romper esas promesas.
Aunque dicha unidad ha sido reemplazada por una entidad civil, la Secretaría
de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República
(SAAS), Amnistía Internacional continua preocupada de que ante
la ausencia de reformas fundamentales a las estructuras militares de
inteligencia del país simplemente reemplazar el EMP con una nueva
agencia es un paso inadecuado que pretende desorientar. Aunque Portillo
supuestamente ha iniciado el desmantelamiento de esta unidad, la cuál
es culpable de serias violaciones de derechos humanos, recursos provenientes
de otras agencias gubernamentales han sido canalizados hacia el EMP
a lo largo de su administración. En el 2002 dichas transferencias
entre agencias tuvieron como resultado la duplicación del presupuesto
que es aprobado anualmente por el Congreso, lo que pone en duda la seriedad
de las reformas prometidas por Portillo. Estas transferencias sugieren
que – en vez de abolir el EMP – la administración
de Portillo permanece firme en su apoyo al mantenimiento de las operaciones
actuales del EMP.
Mientras Portillo retrasa las reformas a las estructuras militares
de inteligencia de Guatemala y la creación de organismos civiles
de monitoreo y control, el país encara un serio deterioro en
el área de los derechos humanos. Desde el año 2000 una
serie de ataques en contra de activistas, periodistas, jueces, abogados,
y testigos en casos clave de derechos humanos han creado un clima de
temor que hace recordar el pasado más oscuro de Guatemala. Hay
varios factores que parecen indicar que el EMP está vinculado
a las redes clandestinas responsables por esta nueva ola de abusos a
los derechos humanos.
En la noche del 11 de septiembre de 1990 Myrna Mack fue apuñalada
27 veces por un operativo del EMP, quien la dejó muriendo en
la banqueta enfrente de las oficinas de AVANCSO en la Ciudad de Guatemala.
Solamente
dos días antes de su asesinato, el Obispo había presentado
un muy esperado informe que confirmaba la culpabilidad militar en
la vasta mayoría de los abusos a los derechos humanos durante
el conflicto armado guatemalteco. 
