CALDH es una organización no gubernamental guatemalteca fundada en Washington DC en 1990, que abrió sus oficinas en Guatemala en 1994. Es una organización líder en Guatemala que proporciona asesoramiento legal y representación gratuitos a las víctimas de abusos de los derechos humanos. CALDH trabaja directamente con 22 comunidades indígenas que sufrieron masacres en 1981 y 1982. Los sobrevivientes han formado una organización de testigos, la Asociación para Justicia y Reconciliación, que solicitó colectivamente a CALDH el inicio de acciones legales contra los Altos Mandos Militares de los Generales Romeo Lucas García (1982-82) y Efraín Ríos Montt (1982-83) por genocidio y otros crímenes. Los crímenes de los cuales son acusados van desde tortura masiva, violación masiva y secuestro hasta la destrucción de la base alimentaria, y de sitios y cementerios sagrados. Otras cincuenta comunidades han decidido no seguir adelante con las acciones legales, pero desean que se lleven a cabo exhumaciones y CALDH está ayudando a estas comunidades a llevar adelante los procedimientos legales necesarios.

El 3 de mayo de 2000, la Asociación para Justicia y Reconciliación presentó una demanda penal, en la que se acusa al Alto Mando Militar del ex-presidente General Romeo Lucas García de cometer genocidio, otros crímenes de lesa-humanidad y crímenes de guerra relacionados con 10 masacres ocurridas en 9 comunidades distintas en las regiones montañosas de Guatemala entre octubre de 1981 y marzo de 1982. Más de 900 personas murieron, otras fueron torturadas y violadas y muchos otros fueron forzados a exiliarse dentro del país o en el extranjero para evitar correr la misma suerte. Romeo Lucas está acusado de estas 10 masacres junto con su hermano y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García y Luis Mendoza Palomo, ex Ministro de Defensa.

En junio de 2000 el Procurador General del Estado nombró a un Fiscal especial para el caso. Hasta la fecha, se ha escuchado el testimonio de más de 50 testigos oculares. También se han realizado inspecciones en los lugares donde ocurrieron las masacres en varias aldeas. No obstante, se anticipa que se necesitará mucha más presión para garantizar que se complete la investigación y se pueda llegar eventualmente a un juicio.

El 6 de junio de 2001, otros indígenas pertenecientes a la etnia maya se unieron a la Asociación, provenientes de 13 de las aproximadamente 600 aldeas que sufrieron masacres durante el régimen militar del General Efraín Ríos Montt. Los sobrevivientes presentaron una demanda penal contra Ríos Montt y su Alto Mando Militar nuevamente por genocidio, otros crímenes de lesa-humanidad y crímenes de guerra cometidos entre marzo y diciembre de 1982. En cada una de esas 13 masacres, entre 5 a 350 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. En total, más de 1200 personas perdieron la vida. Las aldeas se encuentran en lugares remotos de las zonas montañosas, y a la mayoría de ellas sólo se puede acceder a pie. La mayoría no tiene teléfono, electricidad ni agua potable y muchos de sus habitantes son monolingües, ya que hablan exclusivamente una de las 22 lenguas nativas de los mayas, y no el idioma oficial, el español. Ríos Montt se ha rehusado a aparecer en los tribunales. Sin embargo, en febrero del 2002, tres oficiales de alta graduación quienes también están nombrados en la demanda judicial habían testificado y negado todos los cargos. Uno de los militares declaró: "Yo sólo estaba obedeciendo las órdenes del presidente y en esa época el presidente era Ríos Montt."

Cientos de sobrevivientes de las masacres de 1981 y 1982 morirían posteriormente en su fuga hacia las montañas, debido a hipotermia, enfermedades y hambre, así como también por bombardeos realizados desde helicópteros del Ejército. La estrategia aplicada estuvo claramente diseñada para dejar pocos o ningún sobreviviente. No se hizo ningún intento para diferenciar a los combatientes de los civiles. Los mayas de todas las edades fueron masacrados, incluyendo mujeres embarazadas, niños recién nacidos y ancianos. El terror provocado por las masacres entre los mayas tuvo como resultado el desarraigo de más de un millón de personas.

Como Ríos Montt es actualmente Presidente del Congreso y líder del Frente Republicano Guatemalteco, el partido político en el poder, un desafío directo a su autoridad coloca en enorme riesgo a los integrantes de CALDH y a las asociaciones de testigos. Mucho antes de que se presentara la segunda demanda penal, los miembros de CALDH advirtieron que se encontraban bajo vigilancia. Sus oficinas fueron saqueadas y sus sistemas informáticos violados electrónicamente una y otra vez. Uno de los líderes comunitarios que fue testigo de las masacres fue asesinado; otro se está recuperando de una agresión con arma mortal y muchos han recibido amenazas. Desde el 6 de junio, Amnistía Internacional ha emitido tres Acciones Urgentes en nombre de CALDH, los testigos o de las demás organizaciones que los respaldan (ver 141/01, 168/01, 192/01 y 261/01; ver también AMR-34/22/2001).