"Las autoridades de Zimbawe, especialmente la policía, hacen abuso de esta legislación represiva para hostigar, arrestar y torturar sistemáticamente a quienes apoyan a la oposición política y para perpetrar violaciones contra los derechos humanos", afirma el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "Las autoridades de Zimbawe deben poner fin inmediatamente a todo tipo de intimidación, arresto arbitrario y tortura de opositores políticos, miembros de los medios independientes y activistas de los derechos humanos".

El informe, Zimbabwe: Rights under siege (Zimbawe: Derechos en jaque), analiza de qué manera el gobierno ha promulgado leyes que después ha utilizado de forma selectiva como vehículo para cometer innumerables violaciones contra los derechos humanos, negando de esta manera a sus opositores y críticos el derecho a la libertad de expresión, de asociación y reunión. Sólo en 2002, unos 44 miembros de los medios de comunicación fueron arrestados y cinco fueron agredidos físicamente; se denunciaron por lo menos 1.046 casos de tortura y 58 muertes con motivos políticos.

Las disposiciones de la Ley de Orden Público y Seguridad (POSA, por sus siglas en inglés), la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad (AIPPA) y la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas (PVO) son ejemplos de leyes recientemente promulgadas que infringen las normas de derechos humanos internacionales. El gobierno de Zimbawe ha ratificado el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), que protegen los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión.

El informe presenta numerosos casos recientes de abuso de la legislación por parte de las autoridades:

· El arresto en enero de 2003 de cinco miembros del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), acusados de infringir la Sección 5 de la Ley POSA. Según se denuncia, los cinco fueron torturados mientras se encontraban bajo custodia policial y los exámenes médicos revelaron que dos de los hombres habían recibido electrochoques en los genitales, la boca y los pies y habían sido forzados a ingerir orina. Los cargos en contra de los cinco hombres fueron posteriormente desestimados por falta de pruebas.

· La huelga nacional del 23 al 25 de abril de 2003, organizada por el Congreso de Sindicatos de Zimbawe (ZCTU) para protestar por el aumento en los precios del combustible. Se informó que la policía había detenido a por lo menos 20 directivos y miembros del ZCTU en Bulawayo, Gweru, Kwekwe y Chiredzi por su participación en la organización de esta huelga.

· La detención de 15 mujeres el 8 de marzo de 2003, el Día Internacional de la Mujer. La policía de Bulawayo detuvo a 15 mujeres y se informó que golpeó a varias otras que participaban en una marcha pacífica. Entre las detenidas había tres parlamentarias del MDC y la esposa del vicepresidente de este partido político.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de Zimbawe para que eliminen o reformen inmediatamente toda legislación que viole los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión y que la legislación siga los preceptos del PIDCP, de la Carta Africana y de las demás normas internacionales de derechos humanos. Las autoridades también deben dejar de recurrir al uso de la fuerza policial por motivos políticos y asegurarse de que los oficiales de policía acaten las normas esenciales de profesionalismo y respeto de los derechos humanos.

La organización de defensa de los derechos humanos también instó a la comunidad internacional a ampliar su compromiso. "Debido al aumento de la represión por parte del Estado de los derechos humanos fundamentales, la comunidad internacional, especialmente los gobiernos de África del Sur, deben redoblar sus esfuerzos para demostrar que los actos de intimidación, los arrestos arbitrarios y la tortura de los opositores al gobierno son inaceptables", afirmó Adotei Akwei, Director de Defensa y Promoción de África de AIUSA.