"Las autoridades yemeníes están contraponiendo deliberadamente la seguridad nacional y los derechos humanos, aplicando una política de tortura, arrestos arbitrarios, detenciones en régimen de incomunicación y deportaciones forzadas de ciudadanos extranjeros", sostiene William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "Algunas de estas tácticas se encuentran sostenidas por la estrecha connivencia existente con el gobierno estadounidense, con el entrenamiento de las fuerzas de seguridad yemeníes y en la cuestión de las detenciones".

Según el informe, las autoridades estatales realizaron arrestos masivos después del 11 de septiembre de 2001, tanto de yemeníes como de ciudadanos extranjeros, incluyendo mujeres embarazadas y ancianas, así como también niños de hasta doce años de edad. Los detenidos han estado sometidos a prolongadas detenciones en régimen de incomunicación, durante las cuales, según se informa, han sido torturados o maltratados antes de ser liberados sin que se presenten cargos en su contra ni se los envíe a juicio. Muchos otros permanecen detenidos sin fecha de liberación establecida.

Los sospechosos detenidos en relación con el atentado de octubre de 2000 contra el navío USS Cole, posteriormente interrogados por agentes del FBI, han estado detenidos por más de dos años sin que se presenten cargos formales en su contra y sin poder consultar un abogado. Ministros del gobierno han informado a Amnistía Internacional que funcionarios estadounidenses han bloqueado los esfuerzos de Yemen para llevar a los detenidos a juicio. "Mientras las autoridades siguen en desacuerdo sobre el juicio de los sospechosos del USS Cole, el caso sigue siendo un ejemplo clásico de un sistema de justicia fraudulento que le niega a los detenidos el derecho a la asistencia legal y el acceso a la justicia", advirtió Karen Hanrahan, Directora de Defensa y Promoción de AIUSA para Medio Oriente y África del Norte.

Las medidas de seguridad tomadas por Yemen también incluyen la deportación masiva de extranjeros a los que se les niega el acceso al asesoramiento legal para luchar contra su deportación. Muchos de estos detenidos están siendo deportados a países como Argelia, Egipto, Libia, Pakistán, Sudán, Arabia Saudita, Indonesia y Somalia, donde corren el riesgo de sufrir torturas o de ser ejecutados. El informe menciona el caso de Fahd 'Abdullah Hassim al-Malki, entregado por la fuerza al gobierno de Qatar, que solicitaba su extradición en relación con el intento fallido de golpe de estado de 1996. Según se informa, fue torturado y sentenciado a muerte tras un juicio groseramente injusto.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento para que se investigue la muerte de seis hombres sospechados de ser miembros de Al-Qaeda el 3 de noviembre de 2002, ocasionada por un avión Predator teleguiado controlado por la CIA. La organización sostiene que si no se hizo ningún esfuerzo para arrestar a estos hombres, y si no representaban una amenaza inmediata en ese momento, entonces su muerte sería una ejecución extrajudicial y como tal constituiría una flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos.

"Amnistía Internacional considera que, en una época en que reina la preocupación con respecto a la seguridad, los derechos humanos necesitan ser protegidos aún más, no menos", sostiene Schulz. "Es hora de que EE.UU. use su poder para asegurarse de que la justicia y el imperio de la ley prevalezcan en los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad con Yemen".

Para obtener una copia del informe "Yemen: The Rule of Law Sidelined in the Name of Security" (Yemen: Se ignora la ley en nombre de la seguridad), póngase en contacto con Reah Johnson llamando al 202 544-0200 x 302 o por correo electrónico enviando un mensaje a rjohnson@aiusa.org.