Martes, 15 de julio de 2003

Sudan

Continúan los abusos contra los derechos humanos durante el proceso de paz en Sudán

(Nueva York) - En el momento en que los sudaneses celebran el primer aniversario del Protocolo de Machakos, que preparó el camino para el proceso de paz actual, quienes viven en las zonas de Sudán controladas por el gobierno continúan siendo arrestados e incomunicados durante períodos prolongados, y sufriendo torturas y juicios injustos, según denuncia Amnistía Internacional en un informe publicado en el día de la fecha.

"El gobierno de Sudán ha dado a entender que recibiría con beneplácito un cambio, pero la retórica no ha generado acciones concretas que promuevan los derechos humanos", sostiene Curt Goering, Director Ejecutivo Adjunto Senior de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "A menos que los derechos humanos figuren plenamente en el diálogo actual y el acuerdo resultante, será imposible mantener la paz"."

Originalmente, Amnistía Internacional presentó el informe Sudan: Empty promises? Human rights violations in government-controlled areas (Sudán: ¿Promesas vanas? Violaciones de los derechos humanos en áreas controladas por el gobierno), bajo la forma de un memorando al gobierno. El informe detalla las continuas violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad sudanesas en las zonas ubicadas fuera del sur, violaciones arraigadas en la misma discriminación e injusticia que provocaron una guerra de 20 años en el sur de Sudán.

Sudan: Empty Promises? describe cómo las fuerzas de seguridad mantienen detenidos e incomunicados y, ocasionalmente, torturan a oponentes políticos, estudiantes y ciudadanos comunes. También restringen la libertad de expresión de los periodistas y de forma rutinaria arrestan, detienen de forma arbitraria y hostigan a los activistas de la sociedad civil. Estudiantes y personas internamente desplazadas han sido heridos o muertos como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad. La falta de responsabilidad judicial de las fuerzas de seguridad y la impunidad de sus acciones, incluyendo actos de tortura, es alimentada por leyes que contradicen los principios internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional hace referencia al conflicto emergente de Darfur, Sudán Occidental, como un ejemplo de los efectos de la tendencia del gobierno a violar los derechos humanos cuando se enfrenta a un problema. Darfur ha sido el escenario de ataques contra ciudadanos civiles por parte de grupos armados nómades, y la respuesta del gobierno ante esta situación ha sido detener y mantener incomunicados a líderes de la comunidad y supuestos críticos del gobierno, tanto de grupos locales como nómades. En 2001, el gobierno creó Tribunales Especiales en Darfur, para tratar los casos de asesinatos, ataques armados y bandolerismo, pero, desde entonces, estos tribunales han impuesto sentencias de muerte y penas crueles, inhumanas y degradantes luego de juicios groseramente injustos.

"Mientras que la atención del proceso de paz se centra en los horrendos abusos perpetrados por ambas partes del conflicto armado en el Sur, se han ignorado las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales en las zonas que están bajo su control", afirma Krista Riddley, Directora de Defensa y Promoción de África de AIUSA. "El gobierno sudanés no ha podido detener ni investigar no sólo los abusos relacionados con la guerra perpetrados en el Sur, sino también los abusos actuales cometidos por las fuerzas de seguridad. Como consecuencia, las violaciones de los derechos humanos en Sudán continúan sin tregua".
Amnistía Internacional exhorta al gobierno sudanés a que implemente las siguientes recomendaciones y que cumpla con sus promesas de respeto y protección del derecho internacional sobre derechos humanos, incluyendo:

- la abolición de los artículos 31 y 33 de la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que las autoriza a arrestar y mantener incomunicados a los ciudadanos sin que medie ninguna acusación, y que les otorga inmunidad con respecto al enjuiciamiento;

- poner fin a las restricciones severas de las fuerzas de seguridad contra la prensa de Sudán;

- detener de forma inmediata los arrestos, las detenciones y el hostigamiento de los activistas de la sociedad civil, incluyendo oponentes políticos, defensores de los derechos humanos y activistas que abogan por los derechos de la mujer;

- investigar de forma imparcial e independiente los informes sobre asesinatos y torturas perpetrados por las fuerzas de seguridad y llevar a juicio a los sospechosos de dichas violaciones;

- Permitir que una Comisión de Investigación independiente e imparcial lleve a cabo un estudio de la situación en Darfur, que está en constante deterioro, y el envío de inspectores de derechos humanos a la región.

Amnistía Internacional también hizo un llamamiento a los mediadores internacionales que intervienen en el proceso de paz de Sudán, los países donantes y otras partes interesadas que participan en la negociación para que los derechos humanos de todos los sudaneses sean el centro de sus esfuerzos. Las negociaciones se han referido principalmente a la seguridad, la distribución de la riqueza y los acuerdos para compartir el poder; aunque en el Protocolo de Machakos se hace referencia a los derechos humanos, las conversaciones de paz no han prestado suficiente atención al tema.