(Nueva York) - A pesar de que supuestamente ha terminado la guerra de cinco años en la República Democrática del Congo (RDC), siguen sucediéndose las masacres, mutilaciones y violaciones en la zona oriental del país, y la necesidad de que intervenga la comunidad internacional se ha vuelto impostergable, afirmó Amnistía Internacional en vísperas del aniversario de la guerra. La organización de derechos humanos concluyó recientemente una misión de investigación de tres semanas en la zona oriental de la RDC y Uganda.

"El odio mutuo que existe entre los grupos étnicos de Ituri, alimentado por los líderes políticos y de las milicias, está tan profundamente arraigado que llevará años para que estas heridas comiencen a cicatrizar", sostiene Curt Goering, Director Ejecutivo Adjunto Senior de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "Es fundamental que la comunidad internacional esté presente en ese lugar para respaldar este proceso y, de ser necesario, que enfrente directamente a las milicias involucradas en masacres y otros abusos graves perpetrados contra los derechos humanos".

Ante la falta de una presencia militar internacional significativa en las afueras de Bunia, masacres escalofriantes se siguen sucediendo en toda la provincia sin que exista ningún tipo de control. El 22 de julio, en el pueblo de Nizi, al norte de Bunia, milicias de las etnias Lendu y Ngiti masacraron a unos 22 civiles. Varios de los cuerpos, acribillados a balazos, habían sido desmembrados con cuchillos y machetes, y los órganos internos y genitales habían sido retirados de los cuerpos.

El 15 de julio, una alianza entre las milicias de las etnias Lendu y Ngiti y miembros de la RCD-ML (Reagrupación Congoleña para la Democracia - Movimiento de Liberación), un grupo armado dominado por la etnia Nande que recibe apoyo militar del gobierno de Kinshasa, atacó la ciudad de Tchomia, en la ribera del Lago Albert. En el transcurso de aproximadamente diez horas de intenso combate, los milicianos, tres cuartas partes de los cuales eran niños soldados, mataron a 80 personas, incluyendo varios civiles. Unas 200 casas, una quinta parte de las casas de la ciudad, fueron destruidas.

Este último ataque contra Tchomia se produjo después de una confrontación aún más devastadora que tuvo lugar el 31 de mayo, cuando los combatientes de la RCD-ML deliberadamente atacaron el hospital de Tchomia, matando unas 34 personas, en su mayoría de las etnias Hema y Alur, entre las que se encontraban mujeres y niños. Según se informa, el número total de víctimas luego de aproximadamente seis horas de lucha fue de alrededor de 300 personas. Los únicos civiles que permanecen en Tchomia en la actualidad son aquellos que son demasiado pobres como para pagar los U$S 3 que se les cobra para cruzar el lago Albert en una canoa hacia la seguridad relativa que ofrece Uganda.

Durante la misión, los delegados de Amnistía Internacional dialogaron con víctimas recientes del conflicto. Entre ellas se incluyen:

· K., un civil de 25 años de la etnia Nande, que ha estado en un campo para personas desplazadas internamente desde el 10 de mayo, cuando miembros de la milicia Union des patriotes congolais (Unión de Patriotas Congoleños, UPC), dominada por la etnia Hema, se introdujeron por la fuerza en su casa. Los milicianos le preguntaron a cada una de las personas a qué grupo étnico pertenecían y luego utilizaron palos y dagas para golpear y apuñalar a una mujer y tres hombres, causándoles la muerte. Los hombres restantes fueron obligados a salir de la casa, se les suministraron palos y se los obligó a caminar delante de los soldados de la UPC, utilizándolos como escudos humanos. A medida que los milicianos de la UPC avanzaban, se introducían en las casas cercanas y sistemáticamente mataban a puñaladas a los civiles que no pertenecían a la etnia Hema. En el transcurso de dos horas, K. fue testigo del asesinato a sangre fría de alrededor de 50 personas.

· L., una mujer de 35 años de la etnia Hema, que se escapó hacia el este desde Bunia el 10 de mayo, fue detenida y tomada prisionera por milicianos de las etnias Lendu y Ngiti en la aldea de Bavi al día siguiente. Los milicianos sistemáticamente individualizaban a las personas sospechadas de pertenecer a la etnia Hema y hacían que un médico brujo (féticheur) local confirmara sus sospechas. Cuando el médico brujo denunció a L. como perteneciente a la etnia Hema, ella fue despojada de sus ropas, pudiendo sólo conservar una prenda, y quedó prisionera en un pozo de un metro de profundidad lleno de agua junto con otras dos mujeres de etnia Hema. Posteriormente, estas dos mujeres fueron sacadas del pozo por milicianos Ngiti y muertas a golpes con hachas de mano. L. pudo escapar y llegar hasta Uganda.

· A fines de junio, en el distrito Saio de Bunia, una mujer de etnia Bira de 45 años y su hija de 13 años fueron despertadas abruptamente por un grupo de jóvenes milicianos de la UPC, quienes derribaron la puerta para entrar por la fuerza en la casa. Una vez dentro de la casa, saquearon y destruyeron la propiedad y acusaron a la mujer y a su hija de esconder a combatientes de etnia Lendu en su hogar. Luego, intentaron raptar a la hija. Cuando la madre trató de intervenir, tanto ella como su hija fueron brutalmente violadas, una al lado de la otra, por dos de los milicianos, no muy lejos de su hogar. Tanto la madre como la niña sufrieron lesiones como consecuencia del ataque.

Desde su implementación en Bunia el 6 de junio, la Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia (IEMF) liderada por Francia, que permanecerá en Bunia por mandato de las Naciones Unidas hasta el 1 de septiembre, ha contribuido enormemente a mejorar la seguridad en la misma Bunia, en particular alrededor del aeropuerto y de la sede de la Mission de l'organisation des Nations Unies au Congo (Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) (MONUC) ubicada en la ciudad. Sin embargo, a pesar de las patrullas armadas que controlan día y noche el centro de la ciudad, y de las ocasionales misiones de reconocimiento más allá de Bunia y sus alrededores, la IEMF no ha logrado garantizar la seguridad en todos los distritos de Bunia y no ha hecho demasiado para brindar mayor seguridad a otras regiones de Ituri, lo que ha dado como resultado que se sigan produciendo abusos.

El 28 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1493, que amplía el mandato de la MONUC hasta el 30 de julio de 2004, y autoriza a la MONUC, conforme a lo que establece el Capítulo VII de la Carta de la ONU, a utilizar todos los medios necesarios para proteger la vida de los civiles. Sin embargo, Amnistía Internacional expresó su preocupación ante la posibilidad de que esto no sea suficiente una vez que las tropas de la IEMF concluyan su misión en septiembre.

"Si en septiembre la sangre de civiles indefensos se sigue derramando a manos de los líderes y las pandillas de milicianos, la MONUC, como personificación de la voluntad de la comunidad internacional, será moralmente culpable si no puede evitar que se produzcan más muertes", afirmó Krista Riddley, Directora de Defensa y Promoción de África de AIUSA. "Ya no es suficiente que la MONUC actúe simplemente como 'observadora'; a través de su mandato recientemente ampliado, ha llegado la hora de que la MONUC actúe, y lo haga con eficacia, para evitar que se produzcan más muertes innecesarias".

Amnistía Internacional sostiene que estas innumerables muertes y el desplazamiento de cientos de miles de civiles podrían haberse evitado si la MONUC hubiera intervenido con eficacia luego del retiro de las tropas ugandesas de Bunia, el 6 de mayo. La debilidad y falta de determinación de la MONUC se puso de manifiesto en un incidente ocurrido el 18 de julio, cuando un convoy guiado por la MONUC que trataba de viajar desde Bunia hacia Beni, al norte de Kivu, fue obligado a detenerse por una docena de niños soldados de etnia Lendu, cuyas edades iban de los 8 a los 16 años, aproximadamente 30 km al sur de Bunia. A pesar de estar bien armados y de disponer de varios vehículos blindados, el convoy de la MONUC simplemente regresó a Bunia.

"Hasta el momento, el historial de la MONUC en cuanto a la promoción de la seguridad de la población civil ha sido poco menos que vergonzoso", sostiene Goering. "En ocasiones, la organización ha sido testigo, sin hacer nada, del asesinato de civiles, algunas veces a plena vista de las instalaciones de la MONUC. Aunque, en principio, vemos con beneplácito la reciente ampliación del mandato de la MONUC, el éxito de su fuerza ampliada en Ituri dependerá en gran medida de su capacidad y voluntad política para hacer frente a las milicias y establecer relaciones eficaces con la población civil local".

Amnistía Internacional ha puesto de relieve que otros organismos también son responsables de restaurar la paz en la RDC, pero que hasta el momento no han cumplido con esta responsabilidad. El gobierno de Kinshasa, a través de su respaldo a la RCD-ML, sigue estando directamente involucrado en el derramamiento de sangre en la zona oriental de la RDC. A pesar de haberse retirado oficialmente de la zona oriental de la RDC, Ruanda y Uganda también continúan brindando apoyo a las facciones armadas que operan en Ituri.

"Mantener la paz en la RDC dependerá de la cooperación de todos los participantes clave del conflicto armado", afirma Riddley. Por lo tanto, es de vital importancia que la MONUC reciba todo el personal, equipamiento y entrenamiento de combate que sea necesario para cumplir su mandato, para que pueda desplegar sus fuerzas en todos los distritos de Bunia y, de forma progresiva, en el resto de Ituri, y que los gobiernos de Uganda, Ruanda y Kinshasa pongan fin de inmediato al apoyo militar y político a los grupos armados que operan en la RDC, todos los cuales han sido responsables de abusos graves contra los derechos humanos. Además, todas las instituciones nacionales e internacionales pertinentes deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional mientras ésta determina cuál es el rol que debe cumplir para investigar y enjuiciar a los culpables de crímenes de guerra".