"El informe es un paso fundamental para que se haga justicia en Perú", afirma el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "Es de vital importancia que las autoridades logren poner en práctica todas las recomendaciones de la Comisión y que proporcionen los recursos financieros necesarios para llevar a cabo investigaciones profesionales. Sin estos recursos, el exhaustivo trabajo de la Comisión será inútil y Perú perderá la oportunidad de dejar atrás este capítulo oscuro de su historia".

La cifras que presenta la Comisión de la Verdad y Reconciliación, nombrada por el gobierno, presuntamente denuncian el asesinato o la "desaparición" de más de 69.000 personas en manos de las fuerzas del Estado y de la oposición entre 1980 y 2000, durante las dos décadas que la Comisión de la Verdad y Reconciliación tiene por misión investigar. Un gran número de víctimas del conflicto interno proviene de grupos étnicos y sectores sociales que han sido tradicionalmente marginados y discriminados en Perú.

La Comisión ya ha presentado información a las autoridades judiciales sobre un gran número de casos. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que investiguen exhaustivamente y de forma imparcial estos casos y que lleven ante la justicia a los responsables de las violaciones cometidas contra los derechos humanos. El grupo también ha recomendado que se otorgue una indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

"La elaboración de este informe representa de por sí una victoria, pero no significa un éxito absoluto", afirma Carlos Marin, Especialista sobre Perú de AIUSA. "El proceso todavía está en riesgo debido a las severas consecuencias políticas para distintos funcionarios. El gobierno debe liderar estas investigaciones, trabajando en conjunto con organizaciones locales claves. Sólo cuando el gobierno peruano demuestre su compromiso con el proceso, se podrá hacer justicia en realidad".