"La presión sofocante ejercida por el gobierno de Myanmar sobre los opositores políticos se puso groseramente de manifiesto con el reciente ataque violento contra miembros de la Liga Nacional para la Democracia", denuncia T. Kumar, Director de Defensa y Promoción de Asia para Amnistía Internacional de EE.UU. "Amnistía Internacional ve con beneplácito la condena por parte del gobierno de EE.UU. del ataque y los arrestos, y hace un llamamiento a los funcionarios estadounidenses para que exhorten a Rangún para que permita a la mayor brevedad una investigación independiente e imparcial del ataque y para que lleve a los responsables ante la justicia".

En el nuevo informe, Justice on Trial (Justicia en juicio), Amnistía Internacional describe sus preocupaciones acerca de la administración de justicia en Myanmar, destacando la correspondencia entre la organización de derechos humanos y el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo (SPDC), el gobierno militar de Myanmar. Entre las principales cuestiones a las que se hace referencia se incluyen: arrestos y detenciones antes del juicio, tortura y maltratos, juicios a prisioneros políticos, leyes vigentes relacionadas con derechos humanos, condiciones en las prisiones y mecanismos para la investigación de violaciones de los derechos humanos. El informe también proporciona recomendaciones detalladas al gobierno para la reforma del sistema de justicia.

"Los ataques contra la NLD representan un mensaje urgente de que en Myanmar la impunidad debe terminar", sostiene Kumar. "Deben hacerse amplias reformas al sistema de justicia para que los derechos humanos del pueblo de Myanmar puedan verse mínimamente protegidos".

Una cantidad desconocida de personas siguen detenidas o desaparecidas a partir del ataque del 30 de mayo, aunque (en una actitud destacable) el SPDC anunció el 23 de julio que 91 personas arrestadas en los hechos violentos del 30 de mayo han sido liberadas. Sin embargo, sigue habiendo más de 1.300 presos políticos en el sistema carcelario de Myanmar, condenados en juicios que no cumplen las normas internacionales para un juicio justo, por leyes que de hecho consideran el derecho a la libertad de expresión como un delito.

En la búsqueda de una solución para la crisis de derechos humanos de Myanmar, Amnistía Internacional respalda el trabajo del Embajador Razali Ismail, Enviado Especial del Secretario General de la ONU, y el Profesor Paulo Sergio Pinheiro, Relator Especial de la ONU sobre Myanmar. Se exhorta al SPDC a que coopere plenamente con ellos en el cumplimiento de sus misiones.

Para obtener una copia de Justice on Trial (Justicia en juicio), u otros comunicados de prensa de Amnistía Internacional sobre Myanmar, mande un mensaje a jcorlew@aiusa.org