La conclusión de Guerra resulta particularmente perturbadora dado que, apenas un mes atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó varias fallas graves en la investigación sobre la muerte de Ochoa, entre las que se incluyen pruebas forenses que no cumplían las normas internacionales, fallas en la protección de la escena del crimen y problemas de seguridad en el manejo de las pruebas. Además, los abogados de la familia Ochoa denunciaron que se les negó la autorización para presentar pruebas adicionales que respaldaban su caso. Esto sugiere un patrón de problemas en la investigación que es necesario corregir antes de tomar cualquier decisión.

En lugar de responder adecuadamente a las objeciones presentadas por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos en el continente americano, el gobierno mexicano se ha dedicado a atacar la reputación y ensuciar la memoria de Digna Ochoa. Desafortunadamente, esto no es inusual. En México es moneda corriente que los fiscales intenten acusar a las víctimas, y en el pasado muchas investigaciones de alto perfil han fracasado en medio de rumores y filtraciones de información que buscaban desviar la atención, permitiendo en última instancia que los responsables queden sin castigo. Considerando que los funcionarios han ignorado aparentemente las deficiencias en la investigación de la muerte de Ochoa, debemos preguntarnos si el producto de sus esfuerzos no ha sido la confusión y la impunidad, en lugar de la justicia y el esclarecimiento.