El informe incluye casos que desmuestran el repetido fracaso de las autoridades en señalar la injusticia y los abusos que las víctimas han sufrido. El informe cita casos de víctimas cuyas torturas ocurrieron bajo gobiernos anteriores pero que todavía permanecen en prisión, probando continuada delincuencia al no proveer reparaciones efectivas a estas víctimas. Mientras tanto, Amnistía Internacional continúa recibiendo informes de torturas, con casos más recientes en Oaxaca y Ciudad Juárez.

"Aunque respetamos al Presidente Fox por aceptar los antes inmencionables males que han plagado la policía mexicana durante años, los cambios reales que su administración ha efectuado son sólo mecánicos," afirmó el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en los Estados Unidos (AIUSA). "Aquéllos que han sufrido durante años en las prisiones de México bajo circunstancias dudosas merecen que sus casos sean investigados independientemente."

Amnistía Internacional ha recibido informes de irregularidades en todas las etapas de los procesos judiciales, que indican que los procedimientos de juicio justo conforme a parámetros internacionales y ratificados por el gobierno mexicano son rutinaria y consistentemente ignorados. Los casos incluidos en el informe demuestran la dificultad de cuestionar evidencia que ha sido manchada por la tortura, así como la de convencer al sistema de justicia criminal de reconocer los abusos perpetrados en nombre de la justicia.

Uno de esos casos es el de los hermanos Enrique y Adrián Aranda Ochoa, quienes fueron arrestados en junio de 1996 y obligados-después de que la policía los torturó durante varias horas-a firmar una confesión que no se les permitió leer. Se les dijo que si no ratificaban la confesión ante el juez, sus familias sufrirían las consecuencias. A pesar de la evidencia médica de tortura, sus confesiones fueron utilizadas para condenarlos y sentenciarlos a 50 años de cárcel. Más de seis años después de que fuera emitida una orden de arresto contra uno de los policías involucrados, todavía no se ha hecho justicia, y los hermanos continúan en prisión esperando el resultado de su apelación final.

Estas situaciones surgen porque el sistema judicial mexicano está plagado de detenciones arbitrarias; exámenes forenses inadecuados que no substancian las señales de tortura; pobre representación legal para los acusados; sospechos que no son llevados ante jueces dentro del marco de tiempo legal; e insuficiente supervisión judicial de los procedimientos.

"Estas fallas sistemáticas perpetúan una cultura de impunidad para torturadores e incita a la continuación de estas inaceptables prácticas," dijo Rupert Knox, investigador en México para Amnistía Internacional, quien publicó el informe en Ciudad de México hoy. "El gobierno de Fox ha liberado prisioneros cuya detención continuada causó preocupación nacional e internacional, pero esto no es suficiente. El reto ahora es atacar la raíz del problema."

Amnistía Internacional acoge el compromiso verbal del gobierno de Fox al cambio. La propuesta Reforma del Estado y el Programa de Asistencia Técnica de la ONU, por ejemplo, proveen un marco vital para desarrollar políticas a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, Amnistía Internacional advirtió que el establecimiento de dicho marco no es suficiente, y urgió al gobierno mexicano a poner el énfasis necesario en su implementación.