Guatemala

Se propone una comisión internacional de investigación para la que son decisivos el apoyo internacional y la independencia

Amnistía Internacional ha señalado hoy, 16 de enero, que el establecimiento de una comisión internacional que investigue las amenazas a los activistas de derechos humanos, las actividades de grupos armados ilegales y el aparato de seguridad clandestino de Guatemala, supondrá un importante avance en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y la impunidad en el país. La organización ha acogido con agrado la petición, por parte del procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, de una nueva comisión internacional de investigación.

Debido a que los anteriores esfuerzos por identificar a los individuos y estructuras responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Guatemala y por llevarlos ante la justicia no han tenido demasiado éxito, Amnistía Internacional ha sugerido algunos puntos que deberían tenerse en cuenta para garantizar que la nueva comisión pueda acometer sus objetivos.

Amnistía Internacional ha declarado: «El respaldo internacional es decisivo para que la Comisión tenga éxito», apoyando así las peticiones de la comunidad de derechos humanos de que el gobierno de Guatemala solicite formalmente la participación de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos en la formación y el funcionamiento de la comisión y en la posible evaluación de sus conclusiones y recomendaciones.

La organización ha añadido: «Al mismo tiempo, la comisión deberá ser totalmente independiente, tanto del gobierno guatemalteco como de los actores internacionales, y deberá ser capaz de conseguir la puesta en práctica de sus recomendaciones y de hacer que se pongan en marcha las acciones que requieran sus conclusiones. Las autoridades guatemaltecas deberán estar de acuerdo en hacer cumplir todas las recomendaciones de la comisión y en actuar sobre ellas, lo que incluiría el enjuiciamiento de aquellos a quienes se identifique como autores de abusos contra los derechos humanos.»

Amnistía Internacional ha puesto énfasis también en que el trabajo de la comisión se centre firmemente en los derechos humanos, y advirtió que las autoridades no deberán utilizar la nueva comisión propuesta para dejar en un segundo plano a los mecanismos e instrumentos ya existentes, como los Acuerdos de Paz, las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y la Comisión de la Verdad.

La organización ha declarado: «Es fundamental que, aunque la comisión se centre en hechos acaecidos durante los seis últimos años, no se interprete que las atrocidades cometidas durante los años que duró el conflicto (que la CEH consideró que habían constituido genocidio) pueden arrojarse a la papelera de la historia como si nada».

Amnistía Internacional añadió también que las actuaciones y recomendaciones de esta comisión deberán complementar, más que sustituir, a las actividades legalmente constituidas de las instituciones democráticas existentes, tales como el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General de la República y el procurador de los Derechos Humanos.

La organización ha señalado: «Estas instituciones deberán funcionar de una manera eficaz si se quiere que en Guatemala vuelva a imperar realmente el Estado de derecho».

Amnistía Internacional instó a la comunidad internacional a que no intente abandonar a Guatemala a la impunidad y la anarquía, y a que contribuya en todo lo posible a garantizar que la nueva comisión propuesta podrá ayudar a cumplir los Acuerdos de Paz y a restaurar el Estado de derecho en el país.

Información general

Durante muchas décadas, grupos armados clandestinos, a veces directamente relacionados con los servicios oficiales de seguridad, han sido responsables de una gran variedad de violaciones de los derechos humanos en Guatemala. Desde que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz de Guatemala, estos grupos han atacado especialmente a los defensores de los derechos humanos y a otras personas que buscaban que se hiciera justicia por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante los años que duró el conflicto, en el que cerca de 200.000 personas (la gran mayoría campesinos indígenas) fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o «desaparecieron» a manos de las fuerzas armadas de Guatemala y de sus colaboradores civiles, las patrullas civiles. En la gran mayoría de los casos, quienes ordenaron y llevaron a cabo estas graves violaciones han gozado de una impunidad total por sus crímenes.