Jueves, 19 de junio de 2003

Los Estados Unidos de América

Las actitudes de líderes políticos estatales, las encuestas de opinión pública y la evolución de las normas indican que la Corte Suprema de EE.UU. debe reconsiderar su posición con respecto a la pena de muerte para menores de edad, según Amnistía Internacional de EE.UU.

La organización aplaude la decisión del gobernador de Kentucky, que decidió suspender la ejecución del delincuente juvenil Kevin Stanford

(Washington, DC) - Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA) manifestó hoy su satisfacción ante la decisión del Gobernador de Kentucky, Paul Patton, de conmutar la sentencia de muerte del delincuente juvenil Kevin Stanford, protagonista del caso testigo Stanford v. Kentucky (1989), en el que la Corte Suprema de EE.UU. ratificó que la edad mínima para la aplicación de la pena de muerte sería de 16 años.

"Como el dios romano Jano, en EE.UU. el sistema de justicia de menores muestra dos caras al mismo tiempo: por un lado ofrece protección a los niños debido a su vulnerabilidad, falta de desarrollo y susceptibilidad ante las influencias externas, y por otro, ignora esas condiciones especiales y permite que los menores sean condenados a muerte", sostiene William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. "Si la actitud líder del Gobernador Patton se contagia a otros funcionarios electos, esto fortalecerá el creciente consenso nacional de que ejecutar a un delincuente juvenil es una práctica aberrante".

La decisión del Gobernador Patton no tendrá ningún impacto sobre Stanford v Kentucky, que sigue en pie, lo que significa que quienes cometan un delito a la edad de entre 16 y 18 todavía podrán recibir la pena de muerte en EE.UU., donde en este momento hay unos 80 condenados a muerte por delitos cometidos a la edad de 16 ó 17 años, mientras que 19 delincuentes juveniles han sido ejecutados desde la decisión de Stanford. En el mismo período, otros cinco estados han sancionado leyes que impiden que se imponga la pena de muerte a los menores de edad.

"Es una triste ironía que el condenado cuyo caso permite que los fiscales puedan obtener la pena de muerte para los delincuentes juveniles haya sido uno de los pocos a los que se les ha otorgado clemencia", declaró Sue Gunawardena-Vaughn, Directora del Programa para la Abolición de la Pena de Muerte de AIUSA. "Esperamos que la Corte Suprema de EE.UU. otorgue la debida consideración a la decisión del Gobernador Patton y que ponga fuera de la ley esta práctica obsoleta, como ya lo hicieron el año pasado con los que sufren retraso mental".

Las recientes encuestas de opinión pública realizadas en cinco estados indican una creciente tendencia nacional contraria a la ejecución de delincuentes juveniles. Casi dos tercios de los habitantes de Kentucky se declararon, en diferente grado, en favor de la eliminación de la pena de muerte para los delincuentes juveniles, según una encuesta realizada en octubre último por el Centro de Encuestas e Investigaciones de la Universidad de Kentucky. Dos nuevas encuestas realizadas por Amnistía Internacional de EE.UU. esta primavera, en colaboración con el Centro de Investigación Social Avanzada de la Universidad de Missouri-Columbia y la Encuesta de Opinión Madonna Yost en Pennsylvania indicaron que un 55 por ciento de los habitantes de Missouri se oponen a la ejecución de delincuentes juveniles, mientras que en Pennsylvania el 61 por ciento se manifiesta en contra de esta práctica. Una encuesta realizada en abril de este año por la Universidad de Oklahoma indica que casi el 63 por ciento de los habitantes de Oklahoma respaldan una prohibición legislativa sobre la ejecución de menores de edad, y, en enero, la Universidad de Georgia informó que el 60 por ciento de las personas en ese estado se muestran a favor de rehabilitar a los delincuentes juveniles, en lugar de ejecutarlos.

Kevin Stanford, que es afroamericano, fue condenado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente por blancos por un delito cometido en 1982, cuando tenía 17 años de edad. Era el único delincuente juvenil en el corredor de la muerte en Kentucky y habría sido el primer condenado ejecutado en ese estado por un delito cometido a una edad inferior a los 18 desde 1946. Amnistía Internacional, la más importante organización de derechos humanos de base popular del mundo, realizó campañas en contra de la sentencia de muerte de Kevin Stanford durante más de dos décadas y sigue luchando para poner fin a las ejecuciones en todo el mundo.