Lunes, 2 de junio de 2003

Los Estados Unidos de América

Informe sobre el tratamiento de los detenidos después del 11 de septiembre merece felicitación por su evaluación honesta, sostiene Amnistía Internacional.

El informe reafirma las conclusiones del informe de AI del 2 de marzo sobre abusos

(Nueva York) - El informe de la Oficina del Inspector General (OIG) sobre el tratamiento de los detenidos post-11 de septiembre, aunque limitado en sus alcances, es un paso importante en la revelación de las injusticias que cientos de hombres, detenidos por infracciones menores de la ley de inmigración, han sufrido en manos del gobierno estadounidense, declaró hoy Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos, que dio a conocer el primer informe completo sobre los detenidos en marzo de 2002, fue una de las fuentes que entregó información a la OIG antes de que este organismo realizara su propia investigación.

"La OIG merece felicitaciones por presentar un informe que no pretende encubrir las acciones del gobierno", afirmó el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "En nuestros días, el sólo criticar al gobierno estadounidense es considerado por algunos como una actitud antipatriótica. En este caso, un organismo interno de investigación del propio gobierno ha informado que el gobierno de EE.UU. ha privado a estos hombres de sus derechos. La OIG ha demostrado que la democracia y los principios enunciados por los fundadores de nuestra nación todavía pueden funcionar en una nación intensamente entregada a la seguridad nacional".

Las conclusiones de la OIG sobre el tratamiento de los detenidos coincide en gran parte con lo que Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y civiles han documentado desde que se iniciaron las detenciones masivas. Entre los diversos temas tratados por la OIG se encuentran los problemas considerables presentados en el arresto, acusación y envío de estos hombres a centros de detención por parte del FBI; patrones de abusos físicos y verbales en el Centro Metropolitano de Detención de Nueva York (MDC); políticas restrictivas e incoherentes con respecto al acceso a asesoramiento legal; y la detención de algunos hombres incluso después de salir sus papeles de deportación definitiva.

A pesar de las importantes revelaciones contenidas en el informe, AIUSA sigue mostrando preocupación ante el nivel de sigilo que rodea a las detenciones y las dificultades resultantes para que las organizaciones de vigilancia puedan asegurarse de que se respeten los derechos de los detenidos. La organización sigue averiguando los motivos por los que el Departamento de Justicia (DOJ) no ha revelado información pública con respecto a los arrestos, y sigue buscando aclaraciones acerca del verdadero número de detenidos. El informe no explica la discrepancia entre el examen de la OIG de 764 detenidos, y el número revelado anteriormente por el Departamento de Justicia, que es de unos 1.200 detenidos.

"Después del 11 de septiembre, a cientos de hombres musulmanes y árabes se les ha negado la posibilidad de recibir asesoramiento legal, ponerse en contacto con sus familias, o incluso ver la luz del sol en nombre de la seguridad nacional... y al final, no se presentaron contra nadie cargos que tuvieran relación con los ataques contra Estados Unidos", afirma Schulz. "Este capítulo de nuestra historia estará para siempre manchado por el racismo y la supresión de los derechos. Aunque el informe de la OIG ofrece una descripción clara del tratamiento abominable sufrido por estos hombres, no alza el velo del sigilo en torno a la cantidad y la identidad de los detenidos individuales. Es necesario que se realice una investigación completa sobre todas las cuestiones en torno a los supuestos abusos, a fin de que se tomen medidas decisivas para castigar tanto a los responsables de cometer esos abusos como a aquellos que hicieron la vista gorda ante ellos".

Amnistía Internacional (AI) siguió recibiendo informes de detenidos al mismo tiempo que la OIG cerraba su investigación. AI mantuvo su entrevista más reciente en marzo de 2003 con un ciudadano paquistaní, Javaid Iqbal, que fue deportado a Pakistán más tarde en ese mes, después de haber pasado más de 15 meses detenido. Iqbal contó a AI que nunca se le informó que tenía derecho a un abogado y que, cuando finalmente encontró uno dos meses más tarde, los funcionarios del centro de detención le dijeron en reiteradas oportunidades al abogado que Iqbal no estaba allí. Iqbal también afirma que en varias oportunidades los guardias lo empujaron de cabeza a la celda mientras le preguntaban "¿Cómo te gustaría morir?" En una ocasión, según lo narró a Amnistía Internacional, fue atacado por guardias que le sacaron la ropa y lo registraron, y luego le colocaron grilletes y lo golpearon. Iqbal sostiene que se le negó tratamiento médico por diez días y que el personal de seguridad le impidió hacer la denuncia sobre el incidente.

"El antiguo INS, y hoy el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, prácticamente han institucionalizado el tratamiento selectivo según la raza después del 11 de septiembre", sostiene Benjamin Jealous, Director del Programa Nacional de Derechos Humanos de AIUSA. "Al anunciar el fin del controvertido Sistema de Registro de Entrada y Salida de Seguridad Nacional y de la Operación Escudo de la Libertad, y al dar finalmente a conocer el informe del Inspector General, el Departamento de Justicia está empezando a tomar medidas concretas para acabar con la pesadilla sancionada por el Estado que ha perseguido a familias musulmanas y del Medio Oriente durante casi dos años en EE.UU.".