Viernes, 25 de abril de 2003

Los Estados Unidos de América

Amnistía Internacional condena la resolución de Ashcroft que ordena la detención indefinida de ciudadanos no estadounidenses, incluyendo a buscadores de asilo

(Washington, DC) - Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA) condenó en el día de la fecha la resolución del Procurador General John Ashcroft de detener indefinidamente a grupos de buscadores de asilo y otros ciudadanos no estadounidenses, aun cuando individualmente no representen un peligro para Estados Unidos. La amplia resolución de Ashcroft forma parte de su decisión de negar la liberación del refugiado haitiano David Joseph. Ashcroft afirma que la liberación de refugiados haitianos podría alentar a otros haitianos a buscar asilo en Estados Unidos, lo que pondría en peligro la seguridad nacional.

"Sugerir que todos los refugiados haitianos representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., como lo ha planteado el Procurador Ashcroft, no resiste el análisis y transforma a nuestro sistema de inmigración en una burla", afirma Bill Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. "Encerrar a buscadores de asilo simplemente debido a su nacionalidad es discriminatorio y constituye una violación a las normas del Derecho Internacional".

Sin embargo, Ashcroft afirmó que tanto los buscadores de asilo como otros ciudadanos no estadounidenses que ingresen a EE.UU. sin documentos legales adecuados no tienen derecho siquiera a un proceso legal limitado. Por lo tanto, argumentó, pueden ser detenidos sobre la base de "consideraciones generales que se aplican a una determinada categoría de inmigrantes" - aun cuando, como individuos, tendrían derecho a ser liberados. Ashcroft afirmó que esta decisión protegería la seguridad nacional, al disuadir a grupos más grandes de haitianos de buscar asilo en EE.UU.

Amnistía Internacional reconoce la obligación del gobierno de EE.UU. de proteger a sus ciudadanos y respalda todas las formas legítimas que apunten hacia este objetivo. Sin embargo, según el derecho internacional, la detención de buscadores de asilo debe evitarse y sería únicamente justificada en casos limitados, establecidos por la ley. Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la necesidad de detener a buscadores de asilo en audiencias individuales rápidas y justas ante una autoridad judicial o algún organismo con autoridad similar.

Hasta el momento, los jueces de inmigración han utilizado dos criterios distintos para decidir la liberación de buscadores de asilo: si existe el riesgo de que el solicitante pueda escaparse o si él o ella representa un peligro para la comunidad. Sin embargo, según la decisión de 19 páginas de Ashcroft, que enfatiza el hecho de que es un "precedente vinculante" para casos futuros, cualquier ciudadano no estadounidense puede ser detenido indefinidamente aun cuando cumpla con los criterios necesarios, simplemente sobre la base de consideraciones que nada tienen que ver con su condición individual.