Lunes, 28 de abril de 2003

República Democrática del Congo

La explotación de recursos naturales es la 'principal causa' de la perpetuación de la violencia entre las poblaciones que buscan asilo en la RDC

(Washington, DC) - La comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades morales y legales para ayudar a poner fin al conflicto devastador que sigue azotando a la República Democrática del Congo (RDC), afirma Amnistía Internacional en un informe divulgado en el día de la fecha.

El informe detalla el costo humano de este conflicto y recalca que la explotación de los recursos naturales de la RDC es la principal causa de la perpetuación de la violencia en el país. Las regiones del norte y el este de la RDC, que se encuentran bajo el dominio de grupos armados congoleños respaldados por Ruanda y Uganda, son ricas en recursos de gran valor comercial, incluyendo diamantes, columbita-tantalita, oro y madera. Mientras que los oficiales de rango superior de las fuerzas armadas de Ruanda y Uganda y sus aliados congoleños se han enriquecido, la gran mayoría de la población congoleña local sufre la pobreza, la inseguridad, desplazamientos, secuestros y asesinatos.

"Durante los últimos cuatro años y medio, Ruanda, Uganda y sus aliados congoleños han saqueado sistemáticamente y a gran escala las riquezas naturales de la zona este de la RDC, provocando en este proceso la muerte de cientos de miles de civiles congoleños", afirma Amnistía Internacional. "Esto únicamente ha sido posible porque la comunidad internacional ha permitido que los perpetradores actúen con casi total impunidad. Sólo a través de una acción internacional sólida y coordinada se podrá poner fin a esta impunidad evitando que se sigan cometiendo abusos".

Cientos de miles de civiles congoleños han sido torturados y asesinados durante las luchas para ganar el control de los recursos naturales. Miles de otros han muerto como consecuencia de la desnutrición y la falta de acceso a la asistencia humanitaria luego de haber sido forzados a abandonar sus hogares. Fuerzas extranjeras también han alentado deliberadamente los conflictos interétnicos y asesinatos en masa en defensa de sus intereses económicos. Miles de mujeres han sido violadas. Amnistía Internacional ha recibido informes confirmados que afirman que niños de tan sólo 12 años de edad han sido obligados a realizar trabajos forzados en las minas.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a la comunidad internacional, en especial a través del auspicio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para presionar a los protagonistas principales de este conflicto para que condenen los abusos cometidos por sus propias fuerzas y para llevar a los perpetradores de estos abusos ante la justicia. La organización también recomienda una ampliación del mandato y despliegue del organismo de control del cese el fuego de las Naciones Unidas (MONUC), y la implementación plena del mandato del MONUC para "proteger a los civiles ante una amenaza inminente de violencia física".

La comunidad internacional también debe apoyar y proporcionar recursos para mecanismos legales, como una comisión internacional de investigación, para llevar a la justicia a los responsables de los abusos contra los derechos humanos.

Amnistía internacional también recomienda que los gobiernos tomen medidas para garantizar que las empresas que operen en la RDC no provoquen ni toleren violaciones a los derechos humanos en las comunidades donde operan y que los ingresos generados por actividades comerciales que involucren los recursos naturales de la RDC contribuyan al mejoramiento progresivo de las condiciones sociales y económicas de la población.

Además, los gobiernos deberán promover la adhesión de la RDC y de los países de la región donde hay tránsito de diamantes al sistema internacional de certificación de diamantes creado a través del proceso Kimberley. Los gobiernos también deben tomar medidas prácticas para que la comercialización de otros recursos naturales también sea sometida a procesos internacionales de vigilancia similares, para garantizar que la forma en que estos recursos están siendo explotados no provoque abusos contra los derechos humanos.