La medida, que forma parte de la legislación "anti-terrorista" del Presidente Alvaro Uribe, permitirá a los miembros de las fuerzas armadas llevar a cabo allanamientos, interceptar llamadas telefónicas y llevar a cabo arrestos únicamente en base a acusaciones de los militares y sin la autorización del Poder Judicial. Luego de asegurarse el octavo y último voto durante la sesión de ayer en el Congreso, el gobierno ahora se encuentra facultado para convertir el estatuto en ley, lo que probablemente ocurrirá el año entrante.

"Esta decisión tendrá consecuencias nefastas para la ya desastrosa situación de los derechos humanos en Colombia", advirtió el Dr., William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EUA (AIUSA). "El resultado de la votación efectivamente confirma la campaña militar para intimidar y desacreditar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones sociales. Brinda a los militares - cuyos antecedentes en cuanto al tratamiento de los derechos humanos deja mucho que desear - la facultad de investigar y detener a civiles".

El otorgar poderes de policía judicial a los militares constituye una flagrante violación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales Colombia es signataria, así como de las reiteradas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Las medidas tendientes a otorgar poderes de policía judicial a los militares han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional de Colombia en reiteradas oportunidades.

" Esta medida no solamente burla los constantes compromisos asumidos por el gobierno frente a la comunidad de actuar conforme al imperio de la ley y al respeto por los derechos humanos, sino que además representa amenazas reales para los trabajadores del área de los derechos humanos y para otros civiles", concluyó Eric L. Olson, Director del Área de Defensa de las Américas de AIUSA: "Otorgar a los militares colombianos el poder de investigar a los ciudadanos equivale a encender un fósforo en una tienda de venta de fuegos artificiales. "Sin dudas, quienes arriesgan su vida por la paz y los derechos humanos en Colombia sufrirán las consecuencias".