Según los datos recogidos en el informe, durante 2002 más de 4.000 civiles fueron asesinados por motivos políticos, 1.000 personas "desaparecieron", más de 400.000 personas fueron desplazadas, y por lo menos 2.700 personas fueron secuestradas, 1.500 de ellas por grupos de oposición armada y paramilitares.

"Amnistía Internacional siente profunda preocupación ante el clima de impunidad alimentado por las actitudes pasivas, o incluso permisivas, ante la tortura y otras violaciones de los derechos humanos", afirma el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional USA (AIUSA). "Las fuerzas de seguridad y sus aliados, así como los grupos de oposición armada, parecen estar totalmente fuera de control en lo que respecta al abuso y tortura de civiles".

Los datos recientes relacionados con la tortura indican que entre julio de 1996 y junio de 2001 más de 1.200 personas fueron torturadas, de las cuales más del 88 por ciento fueron posteriormente asesinadas. Los informes indican que en casi un 55 por ciento de los casos, los actos de tortura son cometidos por paramilitares respaldados por las fuerzas armadas, 11 por ciento por las fuerzas de seguridad, y casi el 7 por ciento por grupos de oposición armada (en los casos restantes se desconoce la identidad de los responsables).

El nuevo informe de Amnistía Internacional cita numerosos ejemplos de casos de tortura, entre los que se incluyen:

· José Amancio Niasa Arce, un estudiante de 15 años, fue sacado a la fuerza del autobús en el que viajaba por tropas del Batallón Manosalva Florez. Su cadáver, que, según se denuncia, presentaba signos de tortura, fue encontrado varios días más tarde, vestido con un uniforme de estilo militar.

· Juan Carlos Celis González, defensor de los derechos humanos, fue maltratado por policías, que se metieron a la fuerza en su casa, lo esposaron, lo arrojaron al suelo, le apuntaron con un arma, le taparon la cabeza con una chaqueta y lo forzaron a confesar que él era "El Ingeniero", el supuesto responsable de la colocación de bombas en automóviles en Bogotá.

"El gobierno ha permitido que la tortura siga ocurriendo, e inclusive creciendo, sin ningún intento de control", sostiene Eric L. Olson, Director de Defensa y Promoción de América para AIUSA. "En lugar de enfrentar el problema directamente, las denuncias de casos de tortura pocas veces son investigadas y casi nadie es acusado. La falta de acción del gobierno alimenta la impunidad y alienta a aquellos que están dispuestos a aplicar estas prácticas degradantes e inhumanas".