(Washington, DC) - Cuando el presidente colombiano Álvaro Uribe trate de conseguir apoyo político y financiero tras su llegada a la ciudad de Washington esta semana, el Presidente Bush y los líderes del Congreso deben preguntarse seriamente cuál es el impacto de sus políticas sobre la población civil, afirma Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA).

La visita de Uribe se produce en un momento crítico para el Presidente colombiano. A principios de este mes, 209 miembros de la Cámara de Representantes votaron en contra de la solicitud de emergencia del presidente Bush de 104 millones de dólares adicionales en calidad de asistencia para la seguridad de ese país. Aunque la medida se aprobó por nueve votos, esta propuesta tuvo menos aprobación que las otras dos votaciones similares que tuvieron lugar en los dos últimos años.

"Lejos de restaurar el orden, el enfoque de 'seguridad democrática' de Uribe sólo ha contribuido a intensificar el conflicto, con consecuencias devastadoras para la población civil", sostiene el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de AIUSA. "Los Miembros del Congreso están cuestionando claramente el costo y la efectividad de la política estadounidense en Colombia. Es hora de que el Presidente Bush y los líderes del Congreso demuestren que la luna de miel entre Uribe y Washington está llegando a su fin". Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre violaciones graves de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, las fuerzas paramilitares (AUC) y los guerrilleros (FARC y ELN) desde que Uribe asumió el gobierno en agosto de 2002.

Amnistía Internacional (AI) ha seguido proporcionando pruebas de que en reiteradas oportunidades Colombia no ha cumplido con las condiciones necesarias de respeto de los derechos humanos que Estados Unidos establece como condición para el envío de ayuda. Una de estas condiciones es que el Secretario de Estado se cerciore de que las fuerzas armadas de Colombia estén llevando a cabo un esfuerzo coordinado para combatir a las fuerzas paramilitares. En una reciente misión a Colombia, los delegados de AI fueron testigos de cómo las fuerzas paramilitares, clasificadas como "terroristas" por el Departamento de Estado de Estados Unidos, actuaban abiertamente en las calles de Barrancabermeja, donde también se encuentran ubicadas cinco ramas de las fuerzas de seguridad de Colombia. En los primeros tres meses de 2003, estas fuerzas paramilitares fueron responsables de la muerte de unos 25 civiles, incluyendo dos defensores de los derechos humanos.

"Cuando se les preguntó por qué no se detenía la acción de estas fuerzas, la respuesta de los oficiales de la policía y de las fuerzas armadas fue la indiferencia, o negar que estas situaciones ocurrieran, o inclusive afirmar que 'es mejor que lo que había antes'", comenta Eric Olson, Director de Defensa y Promoción del Continente Americano para AIUSA y miembro de la delegación. "La complicidad entre militares y paramilitares es un problema grave en Colombia y nunca se podrá lograr la seguridad mientras las autoridades permitan que las violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo impunemente. Teniendo en cuenta los resultados de las políticas de Uribe, el Presidente Bush y el Congreso no deben dejarse llevar por nueva retórica que sólo se traduce en promesas vacías".