Kadeer, una empresaria exitosa y defensora de los derechos de la mujer, fue arrestada cuando intentaba reunirse con miembros del Congreso estadounidense que visitaban el país, y fue sentenciada a ocho años en prisión, acusada de "suministrar información secreta a personas extranjeras".

"Recibimos con beneplácito la iniciativa del Senador Lugar de demostrar enérgicamente las firmes objeciones de Estados Unidos ante el encarcelamiento de Rebiya Kadeer", afirma T. Kumar, Director de Defensa y Promoción de Asia de Amnistía Internacional de EE.UU. "Aprobada inmediatamente antes de la reunión programada entre el Presidente Bush y el Presidente de China Hu Jintao en la cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Bangkok, la acción del Senado envía una clara señal de que la continuación del encarcelamiento de Rebiya daña las relaciones entre ambos gobiernos. El valor del diálogo EE.UU.-China se medirá según el progreso obtenido en el caso de Rebiya".

Kadeer, madre de diez hijos, está teniendo dificultades para cumplir con su trabajo en la prisión debido a sus problemas de salud.

"El Presidente Bush no debe perder esta oportunidad para procurar obtener la liberación de Rebiya", sostiene Michael O'Reilly, Director de Casos de Amnistía Internacional de EE.UU. "Es indignante que se la haya encarcelado por más de cuatro años simplemente por poner cuestiones de derechos humanos sobre el tapete".

Kadeer, como muchos otros pobladores de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur en el oeste de China, es miembro de la etnia uighur. Desde fines de la década de 1980, las políticas del gobierno chino y otros factores han fomentado el descontento étnico en la región. En los últimos años, miles de personas han sido víctimas de groseras violaciones de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, juicios injustos por causas políticas, tortura, y ejecuciones sumarias. Estas violaciones, sufridas principalmente por miembros de la etnia Uighur, se producen en un contexto de creciente intranquilidad, alimentada por el desempleo, la discriminación y las restricciones de las libertades religiosas y culturales.

Los actos represivos en la región se intensificaron después del 11 de septiembre de 2001, cuando se empezó a acusar a los defensores de la independencia de ser "separatistas" y "terroristas". Los uighures, que son en su mayoría musulmanes, han sido particularmente acosados por las autoridades chinas. Las autoridades han cerrado mezquitas, detenido a sacerdotes islámicos y restringido severamente la libertad de expresión y asociación. Para el año 2002, miles de prisioneros políticos y de conciencia se encontraban detenidos.