Azerbaiján

El oleoducto Bakú - Tiblisi - Ceyhan pone los derechos humanos en riesgo

Un nuevo informe de Amnistía Internacional describe las trampas legales que amenazan a los derechos humanos en Azerbaiján, Georgia y Turquía

(Washington, DC) - El proyecto de construcción de un oleoducto y gasoducto, cuyo costo sería de U$S 4,7 mil millones y que iría desde el Mar Caspio hasta el Mediterráneo tendría graves consecuencias para los derechos humanos de miles de habitantes de Azerbaiján, Georgia y Turquía, según un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado en el día de la fecha, Human Rights on the Line: The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Project (Derechos humanos en riesgo: El proyecto del Oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan).

El informe examina el marco legal conformado por los acuerdos que rigen la construcción y operación de la sección turca del Proyecto del Oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan (BCT), a cargo de un consorcio liderado por BP p.l.c. Amnistía Internacional advierte que los acuerdos firmados por el gobierno turco y el consorcio constructor del oleoducto crean, en la práctica, un 'corredor libre de derechos', donde los derechos humanos de miles de personas de la región no se verán protegidos.

"Si bien BP afirma ser socialmente responsable como líder del consorcio del BCT, en realidad ha alentado al gobierno turco para que renuncie a su capacidad para defender plenamente los derechos humanos", sostiene el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "Sin embargo, en los acuerdos contractuales entre empresas y gobiernos, los derechos humanos no son negociables: son cuestiones fundamentales".

Amnistía Internacional advierte que tanto la construcción como la operación del oleoducto tendría efectos devastadores sobre la situación de los derechos humanos en la región. Entre ellos se incluye la adquisición de tierras y el desplazamiento de 30.000 personas, forzadas a abandonar sus tierras para dar paso al oleoducto, el incumplimiento de la legislación de seguridad y salud destinada a proteger a los trabajadores y pobladores, serios riesgos para los derechos humanos de quienes protestan contra el oleoducto, y acceso limitado al agua por parte de las poblaciones locales.

Además, existe seria preocupación acerca de la posibilidad de que el Acuerdo del Gobierno Anfitrión (AGA), negociado entre BP, el líder del consorcio, y el gobierno turco cree un incentivo para que en Turquía no se defiendan los derechos humanos, dado que el gobierno ha aceptado pagar una indemnización al consorcio si la construcción u operación del oleoducto se ven obstaculizadas de alguna manera.

"El AGA establece precedentes políticos y legales perturbadores", observa Zafra Whitcomb, Asociada de Negocios y Derechos Humanos de AIUSA. "El requisito de que Turquía pague compensaciones al consorcio en caso de 'trastornos al equilibrio económico del proyecto' significa que Turquía se encuentra en una posición contradictoria, entre su obligación de defender los derechos humanos y una cláusula que desalienta el cumplimiento de esta obligación cuando los derechos entran en conflicto con las necesidades empresariales".

El gobierno de Estados Unidos ha respaldado desde hace mucho tiempo la construcción del Oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan. Amnistía Internacional hace un llamamiento para que el gobierno estadounidense no proporcione fondos bajo la forma de ayuda, préstamos o garantías de créditos de exportación para el proyecto BTC, a menos que se revisen exhaustivamente los acuerdos legales. La organización recomienda que:

* Se incluyan cláusulas en el AGA que digan explícitamente que ninguna de las partes del acuerdo debe obstaculizar el deber del gobierno turco de cumplir con sus obligaciones de respetar los derechos humanos, establecidas por el derecho nacional e internacional;

* Una comisión independiente formada por las partes interesadas, incluyendo representantes locales, debe estar a cargo de controlar el cumplimiento de las normas y recibir reclamos mientras dure el proyecto; esta comisión debe tener facultades para intervenir en el proyecto cuando sea necesario;

* El consorcio debe firmar contratos con los empleados encargados de la seguridad de oleoducto que establezcan, de forma explícita y vinculante, la obligación de respetar los derechos humanos.

###

Para obtener una copia de Human Rights on the Line: The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Project (Derechos humanos en riesgo: El proyecto del Oleoducto Bakú-Tiblisi-Ceyhan), póngase en contacto con Reah Johnson en rjohnson@aiusa.org