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Crónica del comercio del terror: Que no se transfieran armas para cometer atrocidades

El comercio incontrolado de armas y la ayuda militar por parte de los países del Grupo de los Ocho (G-8) socava los derechos humanos fundamentales y el desarrollo sostenible.

Este número de la Crónica del comercio del terror examina en profundidad las diversas formas en que el comercio de material militar y de seguridad de siete de los Estados del G-8 (Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Canadá) está contribuyendo a que se cometan abusos contra los derechos humanos y socava, por tanto, toda perspectiva de desarrollo socioeconómico en el mundo.

Todos los Estados tienen la obligación jurídica fundamental de evaluar si existe la posibilidad de que el material y la formación militar y en materia de seguridad que transfieren sean utilizados por los receptores para cometer abusos contra los derechos humanos, y asimismo tienen la obligación de garantizar que a través de esas transferencias no están colaborando a sabiendas en la comisión de esos abusos. Las transferencias de armas no se convierten en legítimas por el mero hecho de que sus receptores sean agentes estatales o hayan sido autorizadas por funcionarios del Estado. Sólo pueden ser legítimas si se realizan de conformidad con las normas internacionales. Los gobiernos que no cumplen con esta obligación están contribuyendo a la destrucción de millones de vidas, principalmente en África.

Todos podemos ver las consecuencias de las transferencias irresponsables de armas. Sin embargo, los gobiernos, en vez de aprender de sus errores, parecen decididos a empeorar el problema. La actual «guerra contra el terrorismo» dirigida por Estados Unidos está siendo acompañada de transferencias masivas de ayuda militar a gobiernos que han mostrado poca consideración por la protección de los derechos humanos. La ayuda militar estadounidense a países como Israel (2.040 millones de dólares estadounidenses), Egipto (1.300 millones), Jordania, Túnez y Colombia no se ha reducido. Tampoco se ha observado descenso alguno en las ventas de material militar a países como Arabia Saudí y Turquía. Además, el Congreso estadounidense estaba estudiando una ley de emergencia sobre gastos extraordinarios que preveía cerca de 1.300 millones de dólares estadounidenses. La aprobación de esta ley permitiría adquisiciones de armas, formación militar de combate, asesores y bases militares de Estados Unidos para Afganistán, Pakistán, India, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turquía, Somalia, Yemen, Kenia, Indonesia y Filipinas, todos ellos países donde se han cometido violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas.

Este texto resume el documento titulado Crónica del comercio del terror: Que no se transfieran armas para cometer atrocidades (Índice AI: ACT 31/001/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2002.