Viernes, 28 de junio de 2002

Mexico

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA PERSISTENCIA DE LAS "DESAPARICIONES" EN MÉXICO

La organización explica en un nuevo informe las razones por las que la reforma legislativa en México no impedirá que se cometan abusos contra los derechos humanos en el futuro

(Nueva York) - Pese a las medidas adoptadas durante el pasado año para mejorar la protección de los derechos humanos, siguen produciéndose casos de "desaparición" en México, ha señalado Amnistía Internacional. En su último informe, la organización de derechos humanos pone de relieve cuatro casos de "desaparición" ocurridos en los estados de Chiapas, Colima y Guerrero desde que el presidente Fox tomó posesión del cargo en diciembre del 2000. La organización ha hecho hincapié en la posibilidad de que el número real de casos sea muy superior, habida cuenta de que la falta de confianza en el sistema de justicia y el temor a sufrir represalias ha conducido a que no se denunciasen todos los casos.

"Las "desapariciones" a manos de las autoridades no son algo del pasado en México -ha señalado Eric Olson, director de Asuntos Jurídicos para América, de la Sección Estadounidense de AI-. El dolor y el sufrimiento causados a los desaparecidos y a sus familias son tan reales hoy como lo eran en los días más aciagos de la década de los setenta. A pesar de las promesas del gobierno de introducir mejoras y de los intentos de reforma, los mexicanos tienen que hacer frente a nuevas "desapariciones" mientras continúan soportando el legado del pasado".

En el informe de Amnistía Internacional se abordan, entre otros casos, los siguientes:

• Faustino Jiménez Álvarez, fue sacado de su casa en el estado de Guerrero el 17 de junio del 2001 por miembros de la policía judicial de dicho estado que carecían de una orden judicial para ello. Tras varios meses de entretener a su esposa y a otros familiares y organizaciones de derechos humanos con informaciones poco claras, finalmente, un agente de policía perteneciente al mismo cuerpo que detuvo a Faustino Jiménez declaró ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero y dio los nombres de varios agentes de la policía presuntamente implicados en la desaparición; no obstante, hasta el 8 de noviembre no se dictó orden de detenerlos y, para entonces, los agentes habían huido del estado. Faustino Jiménez continúa en paradero desconocido.
  
  
• José de Jesús González Medina y Alejandro Martínez Dueñas fueron detenidos sin orden judicial el 30 de junio del 2001 en el estado de Colima. Según los informes, a los dos hombres, esposados y con los ojos vendados, se los llevaron en un vehículo. Varios testigos de los hechos afirman haber visto en los alrededores, antes de la detención, a varios hombres que parecían ser miembros de la policía. Según los informes, en agosto, un mes después de remitirse el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un familiar fue informado de que la Comisión estaba muy ocupada trabajando en casos de "desaparición" ocurridos en el pasado por lo que no podría enviar a nadie a Colima hasta noviembre del 2001. Los dos hombres permanecen en paradero desconocido.

Amnistía Internacional reconoce las medidas positivas que han sido adoptadas por el gobierno de Fox, a saber, la reciente apertura al público de los archivos estatales sobre la "guerra sucia"; el nombramiento de un fiscal especial encargado de la investigación de 532 "desapariciones" denunciadas por la CNDH que presuntamente tuvieron lugar durante la década de los setenta y principios de los ochenta; la tipificación como delito -si bien no en todos los supuestos- de la "desaparición" en el Código Penal Federal, y la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

No obstante, según señala Olson: "Aunque estos cambios están bien encaminados, no garantizan que se procurará justicia a las víctimas y a sus familiares. […] Ha llegado del momento de que el gobierno mexicano actúe con decisión para poner fin a las desapariciones forzadas. La rendición de cuentas transmitirá un mensaje contundente a quienes siguen creyendo que pueden realizar tales prácticas impunemente".

Amnistía Internacional ve con preocupación que algunas de las medidas adoptadas han sido deficientes desde el primer momento. Por ejemplo, aunque México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, formuló una reserva por la que permitía que determinadas causas fueran vistas por tribunales militares. Sin embargo, la Convención y las recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos coinciden en que las violaciones graves de derechos humanos, como lo son las "desapariciones", no pueden ser consideradas actos de servicio y deben juzgarse por tribunales civiles.

"Limitar la aplicabilidad de la Convención equivale a negar a los familiares de cientos de mexicanos desaparecidos su derecho fundamental a que salga a la luz la verdad y a obtener justicia y resarcimiento. Asimismo, equivale a someterlos a la tortura constante de no conocer lo sucedido a sus seres queridos -ha indicado Diego Zavala, especialista en el trabajo sobre México de la Sección Estadounidense-. La ratificación de la Convención, con dicha reserva, suscita graves dudas sobre el verdadero compromiso asumido por el actual gobierno para acabar con la impunidad".

El informe de Amnistía Internacional contiene una serie de recomendaciones concretas dirigidas a las autoridades mexicanas, entre las que cabe destacar:

• la introducción de legislación por la que se tipifique como delito punible con sanciones proporcionales a su gravedad, la "desaparición" a manos de todos los agentes del Estado, ya sean federales, estatales o municipales, o quienes actúan en su nombre, de conformidad con las normas internacionales;
  
  
• el inicio sin demora de investigaciones exhaustivas sobre los nuevos casos que surjan, incluida la aparente complicidad de las autoridades en el encubrimiento de estos delitos, a fin de llevar ante la justicia a los responsables y garantizar que los familiares de las víctimas obtienen una reparación adecuada;
  
  
• la investigación y procesamiento en la jurisdicción civil de todos los agentes del Estado implicados en "desapariciones", con independencia del tiempo que haya transcurrido desde que se cometió el delito;
  
  
• la revisión de todas las prácticas policiales y militares de detención arbitraria que actualmente fomentan los casos de "desaparición".
  
  "La retórica de los derechos humanos es fácil de adoptar, pero no tan fácil de cumplir -ha añadido Zavala-. México debe demostrar que tiene voluntad política de imponer el cambio a todos los niveles del gobierno y en todos los rincones del país si su verdadera intención es procurar que salga a la luz la verdad y se haga justicia para con las víctimas de "desapariciones" ocurridas en el pasado y sus familiares, y de poner fin a la impunidad que sigue imperando, incluso durante el actual gobierno".