Jueves, 19 de septiembre de 2002
Los Estados Unidos de América
Un documento del Gobierno de
Bush revela riesgos en el entrenamiento proporcionado por los EE.UU.
a militares extranjeros
A pesar de los cuestionamientos sobre derechos
humanos, militares acusados de abusos recibieron ayuda de EE.UU.
en 2001
(Washington, DC) -- Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA)
instó en el día de hoy al gobierno del Presidente
Bush a que establezca tres garantías de seguridad claves
antes de que los EE.UU. sigan ampliando los programas de entrenamiento
de fuerzas militares extranjeras. Según versiones, los EE.UU.
tienen planeado ofrecer entrenamiento adicional a las fuerzas armadas
de Indonesia, Colombia, Uzbekistán y Guatemala. Amnistía
Internacional ha documentado serias violaciones de los derechos
humanos cometidas por las fuerzas armadas de estos países,
entre ellas torturas y ejecuciones extrajudiciales.
"Si los países participantes no ofrecen garantías
de seguridad claves, currículums modificados y una total
transparencia, el entrenamiento de militares extranjeros por parte
de los EE.UU. seguirá estando preñado de riesgos",
afirma William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía
Internacional de EE.UU. "Ofrecer capacitación técnica
a miles de tropas extranjeras cada año sin enseñar
las leyes que rigen la conducta en el campo de batalla es como enseñarle
a un perro guardián a atacar sin decirle cuándo hacerlo
o qué orden deberá esperar".
La necesidad de establecer garantías de seguridad adicionales
es evidente cuando se tiene en cuenta la información limitada
que el gobierno de los EE.UU. revela al público. Un análisis
realizado por AIUSA del Informe sobre Entrenamiento a Fuerzas Militares
Extranjeras de 2002, recopilado por los Departamentos de Estado
y Defensa, revela las siguientes irregularidades:
- La participación militar de los EE.UU. en la lucha contra
el narcotráfico ha incluido el entrenamiento de fuerzas
policiales extranjeras. En una instancia en particular, las fuerzas
especiales de los EE.UU. entrenaron a 1.500 policías fronterizos
tailandeses. En junio, Amnistía Internacional documentó
varios casos de tortura de personas que se encontraban bajo la
custodia de la policía y el ejército de Tailandia.
Amnistía Internacional ha enfatizado la necesidad de que
las fuerzas de seguridad tailandesas reciban capacitación
sobre las normas internacionales de defensa de los derechos humanos
a fin de proteger adecuadamente los derechos de inmigrantes y
otros grupos vulnerables.
- La mitad del entrenamiento militar de fuerzas extranjeras solventado
por los EE.UU. no se encuentra regido por las normas sobre derechos
humanos de la legislación estadounidense porque se proporciona
a través de programas del Departamento de Defensa.
- Los centros de entrenamiento regional del Departamento de Defensa
aceptaron estudiantes de las fuerzas armadas de países
que sufrieron golpes militares, como Burundi y Costa de Marfil,
a los que posteriormente se les prohibió recibir otras
formas de entrenamiento militar.
"En el pasado, el entrenamiento desatinado de militares extranjeros
por parte de los EE.UU. sirvió para cometer abusos y atrocidades
y el Gobierno de Bush está volviendo a cometer los mismos
errores al entrenar a fuerzas que violan los derechos humanos",
afirma Alex Arriaga, Director de Relaciones Gubernamentales de AIUSA.
"Innumerables agencias y contratistas privados están
entrenando a militares extranjeros con una alarmante falta de controles
de antecedentes, análisis de contenidos de currículums
o evaluaciones del impacto del entrenamiento".
La organización hace un llamado para que:
- Legislación humanitaria y sobre derechos humanos se
integre a todos los cursos de capacitación de las instituciones
militares estadounidenses que involucren personal militar, de
seguridad o policial extranjero. Específicamente, el currículum
obligatorio para el entrenamiento de militares extranjeros deberá
incluir, como mínimo, el mismo nivel de instrucción
en derecho humanitario y derechos humanos que el que se incluye
en el entrenamiento de las fuerzas armadas estadounidenses.
- Los controles de antecedentes que se requieren en la actualidad
para el entrenamiento financiado por el gobierno de los EE.UU.,
también deberían exigirse para los miembros de las
fuerzas militares extranjeras que pagan para recibir entrenamiento,
de manera que ningún entrenamiento militar adicional se
otorgue a reconocidos abusadores de los derechos humanos y que
se puedan controlar los efectos del entrenamiento proporcionado
por los EE.UU. sobre los derechos humanos. Todos los estudiantes
militares extranjeros deberían ser automáticamente
investigados para facilitar el control del impacto de dicho entrenamiento.
- Se debería llevar un registro completo de las instalaciones
donde se realizan las operaciones y de los cursos ofrecidos, incluyendo
los entrenamientos que por el momento no se han divulgado así
como de aquellos proporcionados por empresas militares privadas
autorizadas.
"Los EE.UU. deben evitar la capacitación de individuos
que podrían aplicar sus conocimientos para cometer abusos
contra los derechos humanos. En particular, este gobierno debe dejar
de utilizar contratistas privados para eludir los criterios requeridos
sobre derechos humanos", afirma Arriaga. "La urgencia
de la 'guerra contra el terrorismo' no puede negar la necesidad
de mejorar la verificación de antecedentes y el control de
participantes extranjeros en programas de entrenamiento militar".
En un informe divulgado por primera vez en mayo, AIUSA advirtió
que el sigilo que rodea el entrenamiento de militares y policías
extranjeros coloca a los EE.UU. en riesgo de capacitar fuerzas o
personas que cometen abusos contra los derechos humanos.
En el informe de 60 páginas, "Poder incomparable,
principios no cumplidos: El aspecto de los derechos humanos en el
entrenamiento de fuerzas militares y policiales extranjeras por
parte de los EE.UU." (Unmatched Power, Unmet Principles:
the Human Rights Dimensions of US Training of Foreign Military and
Police Forces) la organización hace un llamado para que se
evalúen cuidadosamente los riesgos a largo plazo de estos
entrenamientos militares. El informe destaca que el entrenamiento
militar estadounidense proporcionado a Colombia, Indonesia y Ruanda,
donde las fuerzas militares han cometido serias violaciones de los
derechos humanos, subraya la necesidad de llevar a cabo estos entrenamientos
con cuidado, transparencia y responsabilidad.
Los Estados Unidos entrenan a por lo menos 100.000 soldados y policías
extranjeros por año, provenientes de más de 150 países,
con un costo de decenas de millones de dólares, y la cantidad
de soldados que reciben entrenamiento se ha incrementado considerablemente
desde el 11 de septiembre de 2001. Decenas de miles de personas
estudian en alguna de las aproximadamente 275 escuelas e instalaciones
militares de los EE.UU. que, según se sabe, ofrecen entrenamiento.
EE.UU. entrena a muchos más en sus propias naciones a través
de una serie de programas que incluyen ejercicios militares.
Mientras que EE.UU. ofrece a los soldados y oficiales estadounidenses
cierta capacitación sobre las Convenciones de Ginebra y otros
instrumentos de derecho humanitario internacional, que incluyen
el reconocimiento, divulgación, investigación y corrección
de cualquier violación de estas leyes, no existe ninguna
doctrina comparable para el entrenamiento de extranjeros. Aunque
las investigaciones realizadas por AIUSA revelaron que algunos cursos
de entrenamiento militar ofrecidos por los EE.UU. a extranjeros
incluyen conceptos sobre derechos humanos, no existe ningún
requisito sistemático que obligue a incluir estos conceptos
en la mayoría de los entrenamientos y capacitación
proporcionados por los EE.UU. a las fuerzas militares y policiales
extranjeras. Asimismo, no existe ningún cuerpo que coordine
los entrenamientos o que establezca normas de revisión de
antecedentes, análisis de currículums o evaluación
del impacto de dicho entrenamiento.
Los entrenamientos se realizan a través de programas supervisados
por los Departamentos de Defensa, Justicia y Estado así como
también por el FBI y por contratistas comerciales privados
contratados por los EE.UU. En otros casos, los gobiernos extranjeros
contratan directamente empresas estadounidenses privadas. Los entrenamientos
que ofrecen estos contratistas comerciales, incluyendo empresas
como MPRI y DynCorp, están sujetos a muy poca o ninguna vigilancia.
Fuente: Amnesty International, 600 Pennsylvania Avenue
SE, Washington, D.C. 20003
Contacto: Alistair Hodgett
al 202-544-0200 x289 o al 703 861 7384 (teléfono celular)
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