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Jueves, 19 de septiembre de 2002

Los Estados Unidos de América

Un documento del Gobierno de Bush revela riesgos en el entrenamiento proporcionado por los EE.UU. a militares extranjeros

A pesar de los cuestionamientos sobre derechos humanos, militares acusados de abusos recibieron ayuda de EE.UU. en 2001

(Washington, DC) -- Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA) instó en el día de hoy al gobierno del Presidente Bush a que establezca tres garantías de seguridad claves antes de que los EE.UU. sigan ampliando los programas de entrenamiento de fuerzas militares extranjeras. Según versiones, los EE.UU. tienen planeado ofrecer entrenamiento adicional a las fuerzas armadas de Indonesia, Colombia, Uzbekistán y Guatemala. Amnistía Internacional ha documentado serias violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas de estos países, entre ellas torturas y ejecuciones extrajudiciales.

"Si los países participantes no ofrecen garantías de seguridad claves, currículums modificados y una total transparencia, el entrenamiento de militares extranjeros por parte de los EE.UU. seguirá estando preñado de riesgos", afirma William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. "Ofrecer capacitación técnica a miles de tropas extranjeras cada año sin enseñar las leyes que rigen la conducta en el campo de batalla es como enseñarle a un perro guardián a atacar sin decirle cuándo hacerlo o qué orden deberá esperar".

La necesidad de establecer garantías de seguridad adicionales es evidente cuando se tiene en cuenta la información limitada que el gobierno de los EE.UU. revela al público. Un análisis realizado por AIUSA del Informe sobre Entrenamiento a Fuerzas Militares Extranjeras de 2002, recopilado por los Departamentos de Estado y Defensa, revela las siguientes irregularidades:

  • La participación militar de los EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico ha incluido el entrenamiento de fuerzas policiales extranjeras. En una instancia en particular, las fuerzas especiales de los EE.UU. entrenaron a 1.500 policías fronterizos tailandeses. En junio, Amnistía Internacional documentó varios casos de tortura de personas que se encontraban bajo la custodia de la policía y el ejército de Tailandia. Amnistía Internacional ha enfatizado la necesidad de que las fuerzas de seguridad tailandesas reciban capacitación sobre las normas internacionales de defensa de los derechos humanos a fin de proteger adecuadamente los derechos de inmigrantes y otros grupos vulnerables.

  • La mitad del entrenamiento militar de fuerzas extranjeras solventado por los EE.UU. no se encuentra regido por las normas sobre derechos humanos de la legislación estadounidense porque se proporciona a través de programas del Departamento de Defensa.

  • Los centros de entrenamiento regional del Departamento de Defensa aceptaron estudiantes de las fuerzas armadas de países que sufrieron golpes militares, como Burundi y Costa de Marfil, a los que posteriormente se les prohibió recibir otras formas de entrenamiento militar.

"En el pasado, el entrenamiento desatinado de militares extranjeros por parte de los EE.UU. sirvió para cometer abusos y atrocidades y el Gobierno de Bush está volviendo a cometer los mismos errores al entrenar a fuerzas que violan los derechos humanos", afirma Alex Arriaga, Director de Relaciones Gubernamentales de AIUSA. "Innumerables agencias y contratistas privados están entrenando a militares extranjeros con una alarmante falta de controles de antecedentes, análisis de contenidos de currículums o evaluaciones del impacto del entrenamiento".

La organización hace un llamado para que:

  • Legislación humanitaria y sobre derechos humanos se integre a todos los cursos de capacitación de las instituciones militares estadounidenses que involucren personal militar, de seguridad o policial extranjero. Específicamente, el currículum obligatorio para el entrenamiento de militares extranjeros deberá incluir, como mínimo, el mismo nivel de instrucción en derecho humanitario y derechos humanos que el que se incluye en el entrenamiento de las fuerzas armadas estadounidenses.

  • Los controles de antecedentes que se requieren en la actualidad para el entrenamiento financiado por el gobierno de los EE.UU., también deberían exigirse para los miembros de las fuerzas militares extranjeras que pagan para recibir entrenamiento, de manera que ningún entrenamiento militar adicional se otorgue a reconocidos abusadores de los derechos humanos y que se puedan controlar los efectos del entrenamiento proporcionado por los EE.UU. sobre los derechos humanos. Todos los estudiantes militares extranjeros deberían ser automáticamente investigados para facilitar el control del impacto de dicho entrenamiento.

  • Se debería llevar un registro completo de las instalaciones donde se realizan las operaciones y de los cursos ofrecidos, incluyendo los entrenamientos que por el momento no se han divulgado así como de aquellos proporcionados por empresas militares privadas autorizadas.

"Los EE.UU. deben evitar la capacitación de individuos que podrían aplicar sus conocimientos para cometer abusos contra los derechos humanos. En particular, este gobierno debe dejar de utilizar contratistas privados para eludir los criterios requeridos sobre derechos humanos", afirma Arriaga. "La urgencia de la 'guerra contra el terrorismo' no puede negar la necesidad de mejorar la verificación de antecedentes y el control de participantes extranjeros en programas de entrenamiento militar".

En un informe divulgado por primera vez en mayo, AIUSA advirtió que el sigilo que rodea el entrenamiento de militares y policías extranjeros coloca a los EE.UU. en riesgo de capacitar fuerzas o personas que cometen abusos contra los derechos humanos.

En el informe de 60 páginas, "Poder incomparable, principios no cumplidos: El aspecto de los derechos humanos en el entrenamiento de fuerzas militares y policiales extranjeras por parte de los EE.UU." (Unmatched Power, Unmet Principles: the Human Rights Dimensions of US Training of Foreign Military and Police Forces) la organización hace un llamado para que se evalúen cuidadosamente los riesgos a largo plazo de estos entrenamientos militares. El informe destaca que el entrenamiento militar estadounidense proporcionado a Colombia, Indonesia y Ruanda, donde las fuerzas militares han cometido serias violaciones de los derechos humanos, subraya la necesidad de llevar a cabo estos entrenamientos con cuidado, transparencia y responsabilidad.

Los Estados Unidos entrenan a por lo menos 100.000 soldados y policías extranjeros por año, provenientes de más de 150 países, con un costo de decenas de millones de dólares, y la cantidad de soldados que reciben entrenamiento se ha incrementado considerablemente desde el 11 de septiembre de 2001. Decenas de miles de personas estudian en alguna de las aproximadamente 275 escuelas e instalaciones militares de los EE.UU. que, según se sabe, ofrecen entrenamiento. EE.UU. entrena a muchos más en sus propias naciones a través de una serie de programas que incluyen ejercicios militares.

Mientras que EE.UU. ofrece a los soldados y oficiales estadounidenses cierta capacitación sobre las Convenciones de Ginebra y otros instrumentos de derecho humanitario internacional, que incluyen el reconocimiento, divulgación, investigación y corrección de cualquier violación de estas leyes, no existe ninguna doctrina comparable para el entrenamiento de extranjeros. Aunque las investigaciones realizadas por AIUSA revelaron que algunos cursos de entrenamiento militar ofrecidos por los EE.UU. a extranjeros incluyen conceptos sobre derechos humanos, no existe ningún requisito sistemático que obligue a incluir estos conceptos en la mayoría de los entrenamientos y capacitación proporcionados por los EE.UU. a las fuerzas militares y policiales extranjeras. Asimismo, no existe ningún cuerpo que coordine los entrenamientos o que establezca normas de revisión de antecedentes, análisis de currículums o evaluación del impacto de dicho entrenamiento.

Los entrenamientos se realizan a través de programas supervisados por los Departamentos de Defensa, Justicia y Estado así como también por el FBI y por contratistas comerciales privados contratados por los EE.UU. En otros casos, los gobiernos extranjeros contratan directamente empresas estadounidenses privadas. Los entrenamientos que ofrecen estos contratistas comerciales, incluyendo empresas como MPRI y DynCorp, están sujetos a muy poca o ninguna vigilancia.


Fuente: Amnesty International, 600 Pennsylvania Avenue SE, Washington, D.C. 20003
Contacto: Alistair Hodgett al 202-544-0200 x289 o al 703 861 7384 (teléfono celular)

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