Los Estados Unidos de América

Un informe de Amnistía Internacional señala que los Estados Unidos es un "Refugio Seguro" para los torturadores que huyen de la justicia.

Durante los últimos ocho años, los Estados Unidos han fallado en procesar a un solo individuo acusado de tortura.

Amnistía Internacional instó a que (de acuerdo a la Convención Contra la Tortura) sean procesadas inmediatamente las personas que son sospechosas de ser torturadores, y que están viviendo en los E.E.U.U., o que se encuentran detenidos (acusados de violar leyes inmigratorias) por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). El país ratificó la Convención Contra la Tortura en 1994 y la incorporó a la ley estadounidense bajo el nombre 18 U.S.C. § 2340A.

La investigación de Amnistía International confirma que por lo menos 150 sospechosos de ser torturadores están viviendo en los E.E.U.U.. Ninguno de ellos ha sido procesado por sus crimenes. Las autoridades estadounidenses han fracasado en todos estos casos, a pesar de haber sido notificadas de muchas de las identidades de los sospechosos y la evidencia que existe contra ellos. En vista de este récord claro de fracaso, Amnistía Internacional ha retenido los nombres de la mayoría de los sospechosos para evitar que se sientan incitados a escapar de la justicia.

El informe nombra a 13 individuos que entraron a, o viven en, los E.E.U.U., a pesar de las acusaciones de que ellos cometieron actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos en Cuba, Somalia, Guatemala, Etiopía, El Salvador, Bosnia-Herzegovina, Haití, Honduras y Chile. En estos casos, los individuos pueden ser identificados porque ya han sido alertados de las demandas para su procesamiento por medio de juicios civiles, reportes investigativos u otros medios.

Aunque reconoce que los E.E.U.U. han dado algunos pasos pequeños para llevar a los torturadores a la justicia, incluyendo la creación de una unidad dentro del INS para coordinar las investigaciones de los individuos a los que se sospecha de cometer abusos contra los derechos humanos, Amnistía Internacional también expresó preocupación de que los E.E.U.U. han seguido una política equivocada por medio de la inacción o la deportación de dichos sospechosos, en lugar de enjuiciarlos.

"A pesar de la presencia de por lo menos 150 personas sospechosas de ser torturadores en los Estados Unidos, durante los últimos ocho años el gobierno estadounidense no ha procesado a un solo individuo culpable de actos de tortura. En vez de eso, el país ha optado por deportar a los culpables, ignorar o simplemente ocultar el problema," señaló William F. Schulz, Director Ejecutivo de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional (AIUSA).

"A aquellos que torturaban y asesinaban en otros países no se les debería permitir evadir la justicia y vivir en los Estados Unidos sin temor de ser arrestados o enjuiciados," agregó el Dr. Schultz. "El gobierno de los E.E.U.U. es bastante capaz de poner a gente bajo custodia, como lo ha demostrado la detención de unos 1,200 individuos después de los ataques del 11 de septiembre, personas que en su gran mayoría han sido solamente acusados con violaciones de visas. Es irónico, entonces, que no hemos estado dispuestos a tomar medidas de acción contra al menos150 personas que viven en este país, y sobre quienes hay buenas razones para creer que son responsables de graves crimenes.

La portada del informe presenta la foto del Mayor del Ejército Peruano, Tomás Ricardo Anderson Kohatsu, quien está acusado de torturar en 1997, por medio de violación sexual, golpizas y la aplicación de choques eléctricos, a dos oficiales de inteligencia. Una de las mujeres, Leonor La Rosa, sufrió graves heridas en el cordón de la columna vertebral que la dejó paralítica en el lado izquierdo. El cuerpo de Mariela Lucy Barreto fue encontrado decapitado y con las manos amputadas. En marzo del 2000, mientras se encontraba en los Estados Unidos, Kohatsu fue interrogado por el Departamento de Justicia sobre las acusaciones de tortura en su contra, pero se le permitió volver al Perú después de que el Departamento del Estado interviniera para evitar su arresto.

"No debemos cerrar la puerta a los que huyen de la tortura y la opresión, pero debemos arrestar y procesar a esos individuos que ordenen o cometan tortura, violación y asesinato," declaró Schulz. "Los E.E.U.U. debe cumplir con su obligación bajo la ley y establecer claramente que nuestro país no es un refugio seguro para los torturadores."

Amnistía Internacional hizo un llamado para que la Administración del Presidente Bush demuestre un compromiso de procesar a los torturadores y violadores de derechos humanos que viven en, o viajan a, los E.E.U.U., lo cuál se puede lograr por medio del financiamiento y creación de una oficina dentro del Departamento de Justicia que tenga dicha responsabilidad, y la distribución de un reporte anual detallando su progreso.