Jorge Enrique Jiménez, obispo católico de la ciudad de Zipaquirá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, fue secuestrado junto con otro sacerdote, Desiderio Orejuela, cerca de la localidad de Pacho, a 56 kilómetros al norte de la capital de Colombia, Bogotá. A su chófer también lo secuestraron, pero más tarde lo dejaron en libertad. Fuentes militares colombianas han indicado que los responsables del secuestro son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La organización ha declarado: «El secuestro y la toma de rehenes, que se repiten con una frecuencia terrible en el contexto del conflicto colombiano, constituyen una violación flagrante del derecho internacional humanitario» y ha renovado su llamamiento a todas las partes del conflicto para que abandonen inmediatamente estas prácticas y cumplan las normas del derecho internacional humanitario relativas a la protección de los civiles.

Amnistía Internacional ha aprovechado la oportunidad para recordar a las innumerables víctimas olvidadas de secuestro a manos de diferentes grupos armados y ha pedido que se respete su derecho a la vida y a la integridad física y que se ponga en libertad a todos los civiles tomados como rehenes, incluidos el obispo Jiménez y el padre Orejuela.

La organización ha declarado: «El uso de vidas humanas como moneda de cambio para lograr intereses políticos, militares o económicos es totalmente inaceptable».

Información general

Sólo en el año 2001 se registraron 3.000 secuestros en Colombia. Se calcula que aproximadamente el 60 por ciento de ellos fueron responsabilidad de grupos armados de oposición, mientras que en torno a un 8 por ciento se atribuyeron a paramilitares (que en los últimos tiempos han recurrido cada vez más a la toma de rehenes). Se cree que el resto de los secuestros son de naturaleza delictiva.