San Vicente del Caguán, comunidad abandonada

Calificados de simpatizantes de la guerrilla por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares; expuestos a las represalias de los grupos armados de oposición; abandonados por las instituciones del Estado y la comunidad internacional, los habitantes de San Vicente del Caguán y de lo que en su día se denominó zona de despeje se enfrentan a niveles de violencia y abuso cada vez mayores a manos de todos los bandos del conflicto.

En un nuevo informe que se publica hoy, Amnistía Internacional destaca la difícil situación que atraviesa la población civil que vive en la zona, donde se desarrollaron las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el mayor grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ejército se retiró de la zona en octubre de 1998, como condición previa para el comienzo de las conversaciones de paz, y la zona estuvo bajo el control de hecho de las FARC durante más de tres años, hasta febrero de 2002.

«A las comunidades situadas en la zona de despeje nunca se las consultó sobre su creación y no tuvieron más remedio que convivir con las FARC. Ahora, debido a esta convivencia, se las tacha de simpatizantes de la guerrilla y corren grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos», ha manifestado Amnistía Internacional.

«Los habitantes de la antigua zona de despeje se encuentran atrapados en una tierra de nadie, donde las autoridades estatales han abdicado de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, y las comunidades civiles son vulnerables a los abusos que cometen ambos bandos del conflicto cuando aplican estrategias para asegurar el control de la zona», ha añadido la organización, señalando que el nivel de violencia política en la zona ha aumentado tras el fracaso del proceso de paz.

Desde la ruptura de las conversaciones de paz, el 20 de febrero de 2002, la Oficina del Defensor del Pueblo en San Vicente ha registrado 17 homicidios con motivación política, a los que hay que añadir otros 78 en los otros cuatro municipios de la que fuera zona de despeje. Las verdaderas cifras podrían ser más altas, pero es difícil saberlo debido a las dificultades de acceso a muchas zonas rurales.

Entre los informes de violaciones de derechos humanos que se reciben desde la zona los hay de torturas y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, de amenazas reiteradas a las comunidades civiles acusadas de estar del lado de la guerrilla o de las fuerzas armadas y de uso de niños como informantes. Las FARC continúan reclutando niños entre sus filas.

Los enfrentamientos directos en la zona siguen siendo limitados, y ambos bandos parecen ocupados en desarrollar estrategias preliminares para reunir información y socavar el apoyo al enemigo en las comunidades locales.

Por un lado, la actuación de las FARC parece encaminada a intimidar a la población civil para que se someta y a hacer la zona ingobernable con amenazas y acoso a las autoridades locales. Por otro, las fuerzas de seguridad continúan tachando a muchos ciudadanos respetuosos de la ley como colaboradores de la guerrilla, poniéndolos en peligro de sufrir represalias de los paramilitares, cuya presencia está aumentando en el resto de los municipios de la antigua zona de despeje.

«Los habitantes de la que fuera zona de despeje no sólo han sido abandonados por las autoridades colombianas, que no han cumplido sus promesas de apoyo político y económico, sino que, por si fuera poco, también han sufrido el abandono de la comunidad internacional, que dedicó gran atención a la zona durante el proceso de paz», añadió la organización.

«Incluso ahora que la atención de los medios de comunicación internacionales se ha desplazado hacia otros lugares, la comunidad internacional debe continuar observando la situación de los derechos humanos en la zona, insistiendo en que las autoridades colombianas tomen medidas adecuadas para proteger a la población civil y que ambos bandos respeten el derecho internacional humanitario», finalizó Amnistía Internacional.

Información general
La zona de despeje fue creada en 1998 por el entonces presidente Pastrana para facilitar las conversaciones de paz con las FARC, que pidieron la desmilitarización del área como requisito previo para las negociaciones. La desmilitarización continuó hasta que las conversaciones se rompieron el 20 de febrero de 2002. La zona, de extensión equivalente a Suiza, comprende cinco municipios: Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá.