Las fuerzas de seguridad y los guerrilleros Colombianos cometen cada vez más abusos contra civiles en la antigua zona desmilitarizada, según Amnistía Internacional

(Washington, DC) - A pesar de las promesas gubernamentales de que no serían castigados después del fracaso de las conversaciones de paz, los habitantes de San Vicente del Caguán y otras ciudades de la antigua zona desmilitarizada de Colombia están sufriendo un aumento de la violencia y los abusos contra los derechos humanos, según afirma Amnistía Internacional en un informe publicado en el día de la fecha. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares son los responsables de este resurgimiento, dice el informe.

Amnistía Internacional ha recibido varias denuncias de violaciones de los derechos humanos, presentadas por civiles y funcionarios gubernamentales que viven en el área. Entre ellas se incluyen intimidación, arrestos arbitrarios, tortura y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad, amenazas reiteradas y violencia contra personas acusadas de cooperar con la guerrilla o las fuerzas armadas, y la muerte de civiles, amenazas contra funcionarios locales y el reclutamiento forzado por parte de las FARC.

"En efecto, los habitantes de la antigua zona desmilitarizada están atrapados en tierra de nadie: un lugar donde las autoridades estatales han renunciado a sus responsabilidades de defender a los ciudadanos", acusó el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "En este entorno, todos los combatientes cometen actos de venganza contra la población civil que, según ellos creen, colabora con el enemigo. Las personas inocentes han sido abandonadas, dejadas en un estado de indefensión ante los abusos y ataques. Esta es una situación totalmente inaceptable".

Durante los últimos meses de existencia de la zona desmilitarizada, se tuvo información sobre muy pocos asesinatos de orden político en la municipalidad de San Vicente del Caguán. Sin embargo, desde la interrupción de las conversaciones de paz el 20 de febrero de 2002, en la Oficina de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de San Vicente se han registrado 17 asesinatos por motivos políticos, y se han presentado informes sobre otros 78 casos en las otras cuatro municipalidades de la antigua zona desmilitarizada. Amnistía Internacional cree que las cifras reales pueden ser más altas, dado que la jurisdicción de la policía abarca sólo las áreas urbanas, y a las entidades humanitarias y de los derechos humanos les resulta difícil recibir información sobre las áreas rurales de la antigua zona desmilitarizada.

Entre los innumerables abusos denunciados ante Amnistía Internacional se incluyen:

· Los militares llevan a cabo inspecciones indiscriminadas y arbitrarias en los hogares, en algunos casos provocando incluso saqueos e incendios;

· Las FARC y las fuerzas armadas utilizan edificios escolares en áreas rurales como puestos para sus combatientes. A menudo, los niños continúan asistiendo a estas escuelas. En algunos casos, los soldados han amenazado a los niños o los han sobornado ofreciéndoles dinero o dulces para obtener información. Además, las FARC continúan reclutando niños para sus filas;

· Los soldados acusan a ciertas mujeres de ser amantes de los guerrilleros. Las mujeres también han sufrido cuando se llevaron a sus hijos y esposos y los soldados se negaron a decir cuál era el motivo, o dónde permanecen detenidos;

· Soldados han sido acusados de violar a una menor, que subsecuentemente se vio obligada a firmar una declaración en la que decía que no había sido maltratada. Varias de las víctimas que supuestamente fueron sometidas a torturas fueron forzadas a firmar documentos similares;

· Participación de las FARC en varios de los asesinatos selectivos perpetrados en San Vicente del Caguán. Algunos de los cadáveres tenían colgados unos carteles que decían: "Así es como les devolvemos a sus agentes de inteligencia", una advertencia para las fuerzas armadas, para que no utilizaran informantes;

· La imposibilidad por parte de las fuerzas armadas de tomar medidas enérgicas contra la profusión de actividades paramilitares, a pesar de la política establecida por el gobierno de combatir a estos grupos y a los guerrilleros. Las fuerzas paramilitares, que anteriormente eran notorias por las masacres a gran escala, en la actualidad parecen servir principalmente para amenazar a la población civil y, por lo general, han optado por no matar más de tres personas por vez, evitando de este modo que los asesinatos se clasifiquen técnicamente como "masacres".

"Como si aquellas personas que viven en la antigua zona desmilitarizada no hubieran sufrido lo suficiente hasta el momento, se enfrentan a un destino incluso peor ya que el presidente Uribe ha intensificado las recientes iniciativas de seguridad", sostiene Eric Olson, Director de Defensa para América de AIUSA. "El uso de civiles como informantes los coloca directamente en la línea de fuego y se puede decir que con esto condenan a estas personas a muerte. Dichas políticas sólo alientan la persecución y el ultraje de una población que ya ha sido sometida a torturas, destrucción, desapariciones y asesinatos."

En un informe de 30 páginas, Amnistía Internacional realiza una serie de recomendaciones al gobierno de Colombia, las FARC y la comunidad internacional, incluyendo una exhortación a la comunidad internacional para que controle de forma activa la situación de los derechos humanos en la antigua zona desmilitarizada, y hace un llamamiento al gobierno colombiano para que tome todas las medidas correspondientes para proteger a los civiles, incluso reconsiderando el uso de civiles como informantes, y apelando a las FARC para que permitan que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones legales sin que se sientan amenazados.