Indice AI: AMR 23/26/02

Lunes, 12 agosto de 2002

Colombia

El dilema del Señor Uribe: ¿Mano firme para proteger los derechos humanos o para desvirtuarlos?

Un país donde más de dos millones de personas han sido desplazadas de sus hogares por la guerra, y donde cada día se producen más de 20 muertes a raíz del conflicto, en su mayoría de civiles asesinados fuera de combate.

Un país en el cual las fuerzas de seguridad, por medio de los grupos paramilitares aliados con ellas, siguen violando sistemáticamente los derechos fundamentales de la población en el nombre de su lucha contra los grupos alzados en armas, los cuales a su vez continúan amedrentando, secuestrando y asesinando a un sinnúmero de civiles.

Un país en el cual la población se encuentra de hecho a la merced de los actores armados, y en el cual defender los derechos propios y de los demás es un lujo que se paga con la persecución, el destierro y a menudo con la muerte, como demuestran los más de 140 asesinatos y desapariciones de sindicalistas registrados en el 2001, y las constantes amenazas, el hostigamiento y los homicidios sufridos por los defensores de derechos humanos en el mismo período.

Ante un panorama tan complejo, al Señor Presidente se le presenta una alternativa sencilla: adoptar finalmente las medidas necesarias para hacer frente a la cada vez más crítica situación de los derechos humanos en el país; o aplicar unas políticas que privilegian una noción de seguridad exclusivamente militar, a costa de sacrificar los derechos fundamentales de amplios sectores de la sociedad colombiana. Asumir la responsabilidad del estado por las violaciones de derechos humanos del presente y del pasado, esclareciéndolas por medio de investigaciones serias y exhaustivas; o continuar con la tradicional actitud de los anteriores gobiernos colombianos que han intentado encubrir constantemente esta responsabilidad, prefiriendo atacar a los individuos que se han atrevido a denunciarla.

De eligir el primer camino, el Señor Presidente podría contar con las recomendaciones de las Naciones Unidas y numerosos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Dichas recomendaciones, repetidas una y otra vez, apuntan a medidas fundamentales para acabar con la impunidad imperante que encubre las violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, combatir y aislar a los grupos paramilitares que siguen gozando del apoyo de la fuerza pública, y proteger de forma eficaz a los defensores de los derechos humanos y a los demás sectores vulnerables de la sociedad colombiana.

De elegir este camino, el Señor Presidente tendría que actuar con firmeza para desmantelar los mecanismos que han garantizado la impunidad generalizada con la cual se han saldado la inmensa mayoría de las miles de violaciones cometidas por las fuerzas armadas, por los grupos paramilitares que frecuentemente actúan con su connivencia o complicidad, o por los grupos guerrilleros. Mecanismos que se han fortalecido gracias a la persistente falta de voluntad de las sucesivas administraciones colombianas de identificar y enjuiciar a los responsables, y que han contribuido a crear un terreno favorable para la comisión de más abusos en contra de la población inerme.

Y es justamente la protección de la población civil, y sobre todo de los sectores más expuestos al conflicto armado y a la violencia política, entre ellos las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, los sindicalistas, los funcionarios municipales, los periodistas y los defensores de los derechos humanos, que debería de ser la primera prioridad del nuevo Presidente.

De hecho, el Dr Uribe ha proclamado repetidamente que la seguridad será la piedra angular de su actuación política. Sin embargo, de no dar los pasos necesarios para garantizar la plena vigencia de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, y a no ser involucrados en la guerra, las aspiraciones del Señor Presidente a la seguridad están destinadas a convertirse en meras quimeras.

Por lo visto de su programa, éste es un riesgo extremadamente real, ya que todo indica que no es el rumbo de los derechos humanos el que el Señor Presidente va a elegir, sino, al contrario, el de la militarización y de la "mano dura" cueste lo que cueste.

Sus planes para la creación de una milicia de un millón de informantes en apoyo a las fuerzas armadas son una señal clara de que, en lugar de proteger a los civiles del conflicto, la estrategia del Señor Presidente preve una intensificación de su participación en las hostilidades. Este proyecto conlleva dos grandes peligros para la sociedad colombiana: Por un lado, amenaza con socavar la seguridad de la ciudadanía, exponiéndola a posible represalias por ambos bandos. Y por otro, presenta el riesgo de alimentar el fenómeno del paramilitarismo, que tuvo sus orígenes en la aprobación de legislación que permitió la creación de estructuras civico-militares similares en los años 60.

Como demuestran estos ejemplos, el mensaje que emerge de muchas de las políticas anunciadas por el Dr Uribe es que no sólo los derechos humanos no serán una prioridad en su gobierno, sino que su sacrificio en el altar de la "seguridad" es un precio aceptable que hay que pagar. Pero, si estas políticas acabaran, como es de prever, por exacerbar ulteriormente la ya dramática situación de los derechos humanos, e involucrar aún más a la población en el conflicto, dejándola vulnerable y desprotegida, ¿qué seguridad les puede ofrecer a sus ciudadanos el Señor Uribe?

Susan Lee
Directora de Programa para América

Redactado originalmente en español en el Secretariado Internacional