Nº de refª: TG AMR 23/26/02

Jueves, 7 agosto de 2002

Colombia

Sr. Presidente :

Con ocasión del día de la toma de posesión de su gobierno, deseo manifestar que Amnistía Internacional (AI) abriga francas expectativas de que la cuestión de los derechos humanos de todos los colombianos ocupe un lugar central en su programa político.

AI viene observando de cerca la situación de crisis de derechos humanos en Colombia a lo largo de las tres últimas décadas. La organización ha emprendido numerosas acciones y ha publicado informes basados en investigaciones que ha llevado a cabo sobre el terreno. En esos informes, AI ha hecho públicas las numerosas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en las que se han visto implicadas las fuerzas de seguridad y también los grupos paramilitares que actúan en connivencia con las fuerzas armadas o con su consentimiento. AI ha puesto de manifiesto asimismo los abusos de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario cometidos por los grupos de oposición armada. En el prolongado diálogo que viene manteniendo con los sucesivos gobiernos de Colombia a lo largo de los últimos 30 años, AI ha hecho hincapié en la responsabilidad internacional que ha contraído el Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en lo relativo al respeto y a la protección de los derechos humanos.

Las partes armadas del conflicto están mostrando un profundo y cada vez mayor desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin duda es la población civil la que inevitablemente se lleva la peor parte en esta crisis de derechos humanos en deterioro, dado que todos los sectores armados la hacen objeto de sus ataques cada vez con más frecuencia a fin de impedir su apoyo potencial, presunto o imaginario a la facción adversaria. Las estadísticas de tan sólo el 2001 son alarmantes: según AI, más de 300 personas han "desaparecido", más de 4.000 civiles han muerto -- la mayoría de ellos a manos de paramilitares respaldados por el ejército -- decenas de miles de personas se han visto desplazadas, y más de 1.700 han sido secuestradas principalmente por grupos de la guerrilla. La información preliminar que ha recabado AI indica que la situación de los derechos humanos se está deteriorando en el 2002.

AI siente una honda preocupación ante el hecho de que el fracaso de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ocurrido en febrero del 2002, pueda estar provocando un recrudecimiento del conflicto, y que la crisis de derechos humanos crónica empeore aún más por esta causa. La organización teme asimismo que el efecto presumible de determinadas políticas que su gobierno está promoviendo redunde en perjuicio de la crisis de derechos humanos aún más gravemente.

Los grupos armados de oposición, que también han sido responsables de numerosas y reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, deben asumir su cuota de responsabilidad por perpetuar y agravar la escalada de violencia en Colombia. AI condena sin paliativos los homicidios de civiles, los secuestros y la toma de rehenes perpetrados de forma deliberada y arbitraria por esos grupos, y los ataques indiscriminados y desproporcionados contra objetivos militares que han provocado lesiones y muerte entre la población civil. A menudo, las FARC emplean en sus ataques artefactos explosivos elaborados con bombonas de gas, que ya demostraron su efecto mortífero en Bojayá, departamento de Chocó, en mayo del 2002. Casos como éste constituyen una grave infracción del derecho internacional humanitario que AI reprueba y por los que la guerrilla debe rendir cuentas. Así y todo, el gobierno colombiano no puede ni debe escudarse en los abusos cometidos por los grupos armados de oposición para sustraerse de adoptar medidas políticas necesarias para hacer frente a la crisis de derechos humanos.

Estamos totalmente convencidos de que hasta que no se respeten plenamente los derechos humanos y los compromisos internacionales que Colombia ha contraído, el país no gozará de una seguridad eficaz ni duradera. Debido a las responsabilidades y obligaciones que competen al Estado colombiano en virtud del derecho nacional e internacional, y al cumplimiento de su deber de respetar y defender la ley, mantener el orden y dispensar justicia, éste ha de asumir la responsabilidad de poner remedio a la crisis de derechos humanos. Así pues, AI le exhorta a que elabore y ponga en práctica una política coherente y de gran alcance en materia de derechos humanos, que respete plenamente las obligaciones internacionales contraídas por Colombia, las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas por las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y, en concreto, a que emprenda acciones para acabar con la impunidad, para hacer frente a los grupos paramilitares respaldados por el ejército y desmantelarlos; y para garantizar la seguridad de los sectores más vulnerables, como son los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, la población indígena y afrocolombiana, y los desplazados internos.

La impunidad es la piedra angular de los homicidios extrajudiciales, las "desapariciones", la tortura y otras violaciones de derechos humanos que siguen produciéndose en Colombia. A pesar del fallo de la Corte Constitucional de agosto de 1997, la aprobación de la ley en contra de las "desapariciones" forzadas, y el nuevo Código Penal Militar que entró en vigor en el 2000, los tribunales militares siguen realizando investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en las que están implicados altos cargos militares. De manera sistemática, estos tribunales no han sancionado a los responsables de violaciones de derechos humanos. Pese a que el sistema de justicia civil ha puesto de manifiesto la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos cometidas en connivencia con los grupos paramilitares, las correspondientes investigaciones criminales se han visto gravemente obstaculizadas por las amenazas de que han sido objeto investigadores y testigos judiciales, y por el relevo en el cargo de investigadores judiciales que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la Nación en momentos decisivos de una investigación.

Debido a lo expuesto supra, AI siente preocupación por la seguridad de los investigadores judiciales, muchos de los cuales han recibido amenazas e incluso han perdido la vida por trabajar en casos de derechos humanos. La organización insta al nuevo gobierno a garantizar que todos los casos de violaciones de derechos humanos quedan excluidos de la jurisdicción de los tribunales militares, que todos los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en casos de violaciones de derechos humanos en virtud de investigaciones judiciales o disciplinarias son suspendidos de sus funciones hasta que su responsabilidad o inocencia quede establecida, que las fuerzas de seguridad respaldan plenamente a la Fiscalía General de la Nación a fin de hacer avanzar las investigaciones judiciales sobre casos de violaciones de derechos humanos, y que se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los investigadores judiciales.

De manera reiterada, las autoridades colombianas tampoco han adoptado medidas eficaces para hacer frente a las fuerzas paramilitares, responsables de la mayor parte de los homicidios ocurridos fuera de combate. Los grupos paramilitares siguen pudiendo mantener su ofensiva militar, caracterizada por las violaciones indiscriminadas de los derechos humanos, principalmente porque continúan disfrutando del apoyo y la aquiescencia de las fuerzas de seguridad, y a menudo actúan en connivencia con ellas. La utilización de fuerzas paramilitares sigue siendo inherente a la estrategia contrainsurgente del ejército. Los sucesivos gobiernos colombianos han sostenido y siguen sosteniendo que los vínculos existentes entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares responden a incidentes aislados. Sin embargo, las pruebas que sugieren que existe coordinación de alto nivel entre ambos grupos son categóricas. Por este motivo, el nuevo gobierno debe comprometerse a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la relación que vincula a los grupos paramilitares con las fuerzas de seguridad, debe garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad hallados responsables de formar, dar apoyo o colaborar con los grupos paramilitares rinden cuentas, y debe tomar medidas inmediatas para garantizar que las organizaciones paramilitares quedan desmanteladas y sus miembros responsables de cometer violaciones de derechos humanos son puestos a disposición de la justicia.

Las medidas que tomó su predecesor, encaminadas a proteger la encomiable labor que realizan los defensores de los derechos humanos, no han hecho mella en la situación de amenaza en la que viven aquellos que desempeñan en primera línea el trabajo en defensa de los derechos humanos. Los defensores de esos derechos han recibido el reconocimiento de la comunidad internacional por cumplir una función crucial en la promoción y la defensa de los derechos humanos y por garantizar que las violaciones graves de tales derechos cometidas por el Estado contra los ciudadanos salen a la luz y los responsables rinden cuentas de sus actos. La ONU y la Organización de Estados Americanos han reconocido que se trata de una labor de importancia fundamental; más aún en tiempos de conflicto. A fin de garantizar que los defensores de los derechos humanos en Colombia pueden continuar con su labor sin temor a sufrir represalias, AI exhorta a su gobierno a iniciar de inmediato un diálogo al más alto nivel con estas personas al objeto de analizar las políticas de protección de los defensores de derechos humanos actualmente en vigor; reforzar el programa de protección que gestiona el ministerio del Interior; y aplicar las recomendaciones de la representante especial del Secretario General de la ONU sobre defensores de los derechos humanos.

AI desea asimismo expresar su preocupación ante los indicios de que su gobierno va a reformar la Constitución de 1991; concretamente, lo relativo a algunas importantes salvaguardias de los derechos humanos. La comunidad internacional y, en especial, las organizaciones de derechos humanos, en su momento acogieron con satisfacción la introducción de sólidas salvaguardias de los derechos humanos en la Carta Magna de Colombia, calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una de las más avanzadas de toda América Latina. Tales disposiciones, y la autonomía de las instituciones del Estado que han desempeñado un papel fundamental en la salvaguardia de los derechos humanos, deben protegerse y reforzarse si se pretende poner fin a la crisis en que esos derechos se encuentran sumidos.

Por otra parte, nos han causado una profunda inquietud los recientes comentarios de su ministro designado del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyo, en los que criticaba la labor de la Corte Constitucional, acusándola, entre otras cosas, de proselitismo. La Corte ha desempeñado un papel primordial como garante del respeto, por principio, sino en la práctica, a las disposiciones sobre derechos humanos consagradas en la Constitución de 1991. Los intentos de socavar la Corte hacen temer que su gobierno pueda tratar de debilitar intensamente la función de esta institución. La propuesta, también planteada por algunos de los miembros de su gobierno, que pretende unificar la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, podría poner en verdadero peligro la capacidad del Defensor del Pueblo para ejercer sus funciones de vigilancia de los derechos humanos y constituye una grave amenaza para la autonomía de la Procuraduría General de la Nación. Lejos de eso, debe ampliarse y reforzarse la Defensoría del Pueblo, al igual que la Procuraduría General de la Nación, a la que ha de otorgarse capacidad para llevar a cabo investigaciones disciplinarias sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en las violaciones de derechos humanos. Del mismo modo, la fusión de los ministerios del Interior y de Justicia amenaza con poner seriamente en entredicho la independencia de la judicatura.

AI también desea hacer un llamamiento al nuevo gobierno para que reconsidere su intención de restablecer la facultad presidencial de declarar el estado de sitio, excluida en la Constitución de 1991, toda vez que conferiría atribuciones extraordinarias a las fuerzas armadas y a la Presidencia durante un periodo de tiempo ilimitado y, particularmente, eliminaría la supervisión judicial y legislativa bajo situaciones de estado de excepción. El derecho internacional consagra derechos fundamentales que no pueden suspenderse y que deben respetarse con independencia de que se haya declarado el estado de sitio. Tales derechos quedan recogidos en los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y en los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 20 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en las garantías jurídicas para la protección de los derechos y las libertades consagrados en esos artículos (Opiniones Consultivas OC-8/87 y OC-9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). En virtud del derecho internacional, el derecho a la vida, a no sufrir torturas, malos tratos ni esclavitud o servidumbre, a no ser sometido a detención domiciliaria, a tener un juicio justo, y a la libertad de pensamiento no pueden ser menoscabados siquiera bajo estados de emergencia. En este contexto, los comentarios que ha efectuado su ministro designado del Interior y de Justicia, en los que afirmaba públicamente que todos los derechos y libertades públicos y, en particular, el derecho a la libertad de expresión, podrían verse cercenados en nombre de la seguridad, constituyen una novedad preocupante.

Las medidas que ha de adoptar el gobierno para reforzar la seguridad del país deben estar basadas en el pleno respeto a los tratados internacionales vinculantes para Colombia; de ahí que a AI le preocupe seriamente su propuesta de otorgar competencias de la policía judicial a las fuerzas armadas y permitir que el ejército lleve a cabo registros y detenciones en los domicilios sin orden judicial previa. Esto no sólo contraviene al espíritu del reciente fallo pronunciado por la Corte Constitucional, que declara inconstitucionales medidas de carácter similar contenidas en la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, sino que también amenaza con reforzar los mecanismos de impunidad mediante el encubrimiento de responsabilidades en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y los paramilitares.

AI quiere recalcar asimismo la honda preocupación que le causan otras políticas de seguridad de su gobierno que pueden agravar profundamente la crisis de derechos humanos que está viviendo Colombia, preocupación ésta que comparten numerosas organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales. En concreto, nos ha provocado una intensa inquietud su propuesta de crear una milicia civil compuesta por un millón de informantes, de orden similar al programa Convivir, actualmente disuelto, que creó el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizarro. Al igual que Convivir, la milicia de un millón de informantes que ahora se propone se crearía para ayudar a las fuerzas de seguridad en tareas de contraespionaje que avivarían aún más y de manera inevitable la escalada de violencia política. Una estrategia de esas características sólo serviría para empujar con mayores bríos a la población civil al conflicto y exponer a los implicados a ataques vindicativos perpetrados por una de las partes del conflicto armado.

Si bien Ud. ha reiterado en varias ocasiones que la milicia civil de un millón de personas no estaría armada, nos preocupa el hecho de que, durante la mesa redonda que Amnistía Internacional mantuvo con los candidatos a la presidencia el pasado 6 de mayo, usted afirmara que su gobierno no retiraría las armas a aquellos que ya las tuvieran. Como quiera que las armas ya abundan en Colombia, tememos que la nueva milicia vea la luz como una fuerza armada de hecho. También nos preocupa que, al igual que ocurrió con Convivir, la nueva milicia sólo sirva para fortalecer a los grupos paramilitares y difumine la línea que separa a los grupos de vigilancia legalizados de los que no lo están. Los grupos Convivir fueron responsables de la masacre de civiles y otras violaciones de derechos humanos y actuaron, en muchos casos, en connivencia con los grupos paramilitares y las fuerzas armadas colombianas, en tanto que en 1999 casi 40 grupos Convivir declararon su intención de unirse a los paramilitares al anunciar el gobierno un plan de restricción del uso de las armas. Señor Presidente: nadie puede garantizar que no vaya a repetirse lo que ya ocurrió en el pasado.

En relación con un posible diálogo de paz en el futuro, AI desea manifestar la preocupación que le causa el hecho de que, cuando propuso que las negociaciones deberían llevarse a cabo con la guerrilla y los grupos paramilitares, Ud. no reconoció la relación existente entre las fuerzas armadas y los paramilitares y, consecuentemente, no subrayó la necesidad de combatir y desmantelar esos grupos y de romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad. Un proceso de paz efectivo requiere poner a disposición de la justicia a todos los responsables de haber cometido violaciones y abusos de derechos humanos, ya sean paramilitares, miembros de la guerrilla o de las fuerzas de seguridad. AI debe insistir asimismo en que el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario debe ocupar un lugar primordial en cualquier futuro proceso de negociación.

Sin perjuicio de la gravedad de la crisis de derechos humanos, se percibe un claro programa de acción que su gobierno puede y debe adoptar. Este estaría basado en la aplicación plena e inmediata de las recomendaciones formuladas por los órganos de derechos humanos de la ONU (algunas de las cuales ya se han indicado en esta carta), y en la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de Naciones Unidas, suscritos por el gobierno colombiano y otros 170 Estados con motivo de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en junio de 1993. La Declaración recomienda que "cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos" (artículo 71), y reconoce asimismo "la importante función que cumplen las organizaciones no gubernamentales en la promoción de todos los derechos humanos" (artículo 38). En definitiva, AI exhorta a su gobierno a conferir prioridad al desarrollo de un plan de acción en materia de derechos humanos y a garantizar que las organizaciones de derechos humanos ocupan un lugar prioritario en ese proceso.

Espero y deseo que tanto Ud. como su gobierno estén dispuestos a aceptar la propuesta de AI y entablemos, junto con otras organizaciones de derechos humanos, un diálogo abierto que nos permita tratar estas cuestiones de importancia fundamental y que requieren abordarse con apremio. La comunidad internacional desempeña asimismo un papel determinante en este proceso y, por descontado, AI ejercerá presión sobre los gobiernos de otros países y las organizaciones internacionales para respaldar a Colombia en sus esfuerzos por poner fin de una vez por todas a la crisis de derechos humanos en que se halla inmersa.

Atentamente,

Irene Khan
Secretaria General
Amnistía Internacional