Jueves, 7 de agosto de 2002

Colombia

En una carta dirigida al nuevo presidente, la organización le insta a desarrollar y aplicar una política integral y coherente en materia de derechos humanos mediante la cual se acabe con la creciente situación de crisis de los derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional ha declarado: "La nueva presidencia tiene su inicio en uno momento en que la crisis de los derechos humanos en Colombia se está agudizando y millones de personas en todo el país sufren a diario las consecuencias de la violencia política y violaciones de derechos humanos perpetradas por ambas partes implicadas en el conflicto".

La organización ha añadido: "El nuevo presidente afronta ahora a una disyuntiva fundamental: puede optar por actuar para mejroar la crisis de derechos humanos o aplicar políticas que puedan empeorarla".

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han determinado unas líneas generales de la actuación básica que el gobierno debe emprender para abordar la situación de emergencia de los derechos humanos, resumidas en las recomendaciones que las Naciones Unidas han formulado insistentemente para acabar con la impunidad por la violación de derechos humanos, para combatir a los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, y para proteger a los defensores de los derechos humanos y otros sectores vulnerables de la sociedad civil.

Amnistía Internacional ha subrayado: "Muchos de los planes que el doctor Uribe ha anunciado parecen ir en contra del espíritu de esas recomendaciones y suponen una amenaza real de deterioro y empeoramiento del conflicto, socavando la protección de civiles y fortaleciendo los mecanismos que garantizan impunidad por la violación de derechos humanos".

En su carta, la organización reitera su preocupación por algunos planes específicos del que será presidente de Colombia, como la creación de una milicia civil de un millón de informantes, medida con la que se corre el riesgo de involucrar aún más a la población civil en el conflicto y de consolidar la estrategia paramilitar respaldada por el ejército. Otros de esos planes son las propuestas de dar facultades propias de la policía judicial a las fuerzas armadas y permitir al ejército que practique registros domiciliarios y detenciones sin autoridad judicial, lo que podría facilitar el encubrimiento de las violaciones contra los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares. También son preocupantes los planes de restablecer la facultad presidencial de decretar el estado de sitio, que facilitaría la comisión de violaciones de derechos humanos al suprimir la supervisión judicial y legislativa y hacer caso omiso de las salvaguardias internacionales sobre los estados de excepción.

Amnistía Internacional ha añadido: "El doctor Uribe viene declarando que lo que le hace falta a Colombia es 'mano firme' para resolver el conflicto, garantizar la seguridad y acabar con el incremento de los niveles de violencia. Sin embargo, lo que de verdad hace falta es una voluntad política firme para proteger y garantizar los derechos de todos".

La organización concluye: "Uno tras otro, los sucesivos gobiernos colombianos han fracasado en su empeño y han permitido el sacrificio de los derechos humanos en aras de la seguridad y de estrategias contrainsurgentes. Ha llegado la hora de comprender por fin que la seguridad no puede nunca lograrse a costa de los derechos humanos. Ahora es el momento de que el nuevo presidente haga la elección correcta por los derechos humanos en Colombia".