Miercoles, 26 de junio de 2002

Colombia

La organización subrayó que la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas colombianas sigue caracterizándose, al continuar actuando en connivencia con las fuerzas paramilitares, por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, y alertó contra cualquier relajación de las condiciones de derechos humanos vinculadas a la ayuda militar.

«Ampliar y profundizar la implicación de Estados Unidos en el conflicto de Colombia sin pruebas de mejora en las políticas de derechos humanos del gobierno puede empeorar una situación de los derechos humanos que ya es grave», añadió Amnistía Internacional.

Este mismo año, la organización criticó la decisión del gobierno estadounidense de entregar un paquete de ayuda militar basándose en que la situación de los derechos humanos había mejorado y que las autoridades colombianas estaban tomando medidas para hacer frente a la crisis de derechos humanos.

«No hemos visto que se haya tomado ninguna medida decisiva para romper los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ni para combatir y desmantelar estos grupos», ha manifestado Amnistía Internacional, añadiendo que el hecho de que el ejército colombiano no haya hecho frente a los grupos paramilitares no se debe a deficiencias militares, como han afirmado los jefes militares colombianos, sino más bien a falta de voluntad política.

«Lo demuestra el hecho de que en muchos casos las fuerzas de seguridad conocen la ubicación de las bases paramilitares, que a menudo están al lado de las del ejército; que las unidades militares siguen realizando operaciones en coordinación con las paramilitares; y que los grupos paramilitares han estado a salvo de la detención y el juicio gracias al continuo apoyo que han recibido de las fuerzas de seguridad», ha declarado Amnistía Internacional.

«Además, ha habido un claro empeño en entorpecer las investigaciones penales sobre oficiales de alta graduación implicados en graves violaciones de derechos humanos cometidas en coordinación con los paramilitares», añadió la organización.

Viendo que continúan existiendo vínculos entre las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares, Amnistía Internacional expresó su perplejidad ante los planes de utilizar los fondos estadounidenses para crear una unidad especial de las fuerzas de seguridad dedicada a detener a dirigentes paramilitares.

«Estados Unidos estaría financiando una unidad militar colombiana que perseguiría a los dirigentes paramilitares en un momento en que el ejército colombiano continúa aprobando y apoyando la actividad paramilitar como parte fundamental de su estrategia. Esto es, cuando menos, una política contraproducente, si es que no se trata de un cínico intento de dar una imagen conveniente.»

«Si el gobierno estadounidense estuviera verdaderamente comprometido con los derechos humanos, insistiría al gobierno colombiano para que aplique plenamente las recomendaciones de las Naciones Unidas para terminar con la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, que combata y desmantele a los grupos paramilitares respaldados por el ejército y que garantice la seguridad de los defensores de los derechos humanos y otros sectores vulnerables de la población civil», continuó la organización.

«Si no se actúa realmente para investigar y poner en manos de la justicia a los miembros de las fuerzas armadas que apoyan y coordinan a los paramilitares, cualquier unidad que se cree para combatirlos estará condenada al fracaso», afirmó Amnistía Internacional.

«El gobierno estadounidense debe garantizar que todas su políticas en relación con Colombia contribuyen a hacer frente a la crisis de derechos humanos, no a correr el peligro de avivarla», concluyó la organización.

Información general

La Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses han aprobado la versión final del proyecto de ley sobre Asignaciones Complementarias de Emergencia, cuya redacción elimina la restricción de utilizar la ayuda estadounidense sólo para combatir el narcotráfico. La nueva redacción permite «una campaña unificada» contra el narcotráfico y «contra las actividades de organizaciones designadas como organizaciones terroristas» y «la actuación para proteger la salud y el bienestar humanos en circunstancias de emergencia», como operaciones de rescate. Una vez aprobado el informe de la comisión conjunta en ambas cámaras, el proyecto de ley se envía a la firma del presidente.