Miercoles, 17 de junio de 2002

Colombia

Amnistía Internacional ha declarado: «Agradecemos esta oportunidad de entablar un diálogo con el nuevo gobierno y queremos expresar nuestra preocupación de que algunas de las medidas que contempla adoptar para reforzar la seguridad agraven la situación de emergencia que atraviesan los derechos humanos en el país y que afecta a millones de civiles».

La organización ha añadido: «La seguridad no puede ni debe obtenerse a expensas de los derechos humanos fundamentales, y el gobierno entrante tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que se respeten estos derechos en todo momento; este es el principal mensaje que hemos transmitido hoy al Dr. Uribe».

La organización ha tomado nota de la declaración que difundió ayer el presidente en la que afirmaba que los derechos humanos son esenciales para la seguridad, pero ha insistido en la imperiosa necesidad de que el nuevo gobierno desarrolle una política clara sobre derechos humanos.

- Las sugerencias de que el nuevo gobierno reforme la Constitución de 1991, y en concreto algunas de sus salvaguardias más importantes en materia de derechos humanos, entre las más avanzadas de Latinoamérica. Estas sugerencias han suscitado la preocupación de que el nuevo gobierno suprima o limite las funciones de la Corte Constitucional, que ha desempeñado un papel muy importante en el respeto y el cumplimiento de los principios de derechos humanos consagrados en la Constitución, de la Oficina del Procurador General de la Nación y de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos.

- Los planes de restablecer la potestad del presidente para declarar el estado de sitio derogada en la Constitución de 1991, ya que otorgaría a las fuerzas armadas y al presidente poderes extraordinarios durante un periodo ilimitado y facilitaría las violaciones de los derechos humanos, especialmente al suprimir las supervisiones judicial y legislativa del estado de excepción.

- Las propuestas de otorgar poderes de policía judicial a las fuerzas armadas y de permitir a los militares que lleven a cabo registros en viviendas y detenciones sin autorización judicial. Estas medidas no sólo se oponen al espíritu de una reciente resolución de la Corte Constitucional que suprimía algunas medidas similares que contemplaba la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, sino que además amenaza con reforzar los mecanismos de impunidad al ocultar la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares.

A Amnistía Internacional le preocupa también el plan del Dr. Uribe de crear una milicia de informantes compuesta por un millón de civiles, pues teme que sólo sirva para avivar la espiral de violencia política y arrastrar aún más a la población civil al conflicto, lo que la expondría a represalias por ambas partes del conflicto armado.

Amnistía Internacional ha declarado: «A pesar de la gravedad de la crisis de los derechos humanos, existe un claro programa de acción que el gobierno puede y debe adoptar». Este programa de acción se basa en la inmediata y plena puesta en práctica de las recomendaciones de la ONU sobre el fin de la impunidad y de las fuerzas paramilitares y la protección de los sectores sociales vulnerables, así como en la Declaración de Viena de la ONU , que el gobierno colombiano firmó junto con otros 170 Estados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada el 25 de junio de 1993.

Amnistía Internacional ha añadido: «Al firmar la Declaración de Viena, Colombia se comprometió a adoptar un Programa de Acción sobre Derechos Humanos. Esto debería convertirse en una prioridad para el gobierno entrante», y ha afirmado que dicho programa debe basarse en las recomendaciones que continuamente vienen formulando las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Información general

Durante el pasado mes el Dr. Uribe ha estado visitando varios países, entre ellos Canadá, España, Estados Unidos y Francia. Durante ese tiempo, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a que desempeñe un papel positivo animando al gobierno entrante a que adopte medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos. Teniendo también en cuenta la importancia de los intereses económicos en Colombia, la organización ha apelado a las empresas que invierten en el país para que adopten una postura firme contra las violaciones de los derechos humanos e insten a las autoridades colombianas a que aborden la crisis de derechos humanos.