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Derechos Humanos de la Mujer |
Exámenes forenses contradictorios: los cuerpos del campo algodonero"Dije ya no quiero más. Sea o no sea mi hija, yo quiero ese cuerpo"-Benita Monarrez, madre de Laura Berenice El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en un antiguo campo algodonero frente a las instalaciones de AMAC-Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, en plena ciudad. Inicialmente las autoridades revelaron que los restos podían corresponder a: Claudia Ivette González Banda de 20 años, operadora de maquila, Laura Berenice Ramos Monarrez de 17 años, estudiante, Guadalupe Luna de la Rosa de 19 años, estudiante del Instituto Técnico de Ciudad Juárez, María de los Ángeles Acosta Ramírez de 19 años, trabajadora de maquila y estudiante, Brenda Esmeralda Herrera Monrreal de 15 años, trabajadora doméstica, Verónica Martínez Hernández de 19 años, trabajadora de maquila y estudiante, Bárbara Araceli Martínez Ramos de 21 años, empleada y a Mayra Juliana Reyes Solís de 17 años. Sin embargo, hasta la fecha, todos los estudios y pruebas periciales concuerdan sólo en la identificación de una de ellas: Brenda Esmeralda Herrera. Los estudios antropométricos, craneométricos y de ADN han dado resultados contradictorios y han generado muchas incertidumbres. La insistencia de las autoridades locales en la validez de los resultados obtenidos de sus estudios a pesar de que no coinciden con los de los laboratorios federales de la Procuraduría General de la República (PGR) ha fomentado más desconfianza entre los familiares y ha vulnerado el derecho a la identidad de las víctimas. La no identificación de los cuerpos ha impedido a las familias vivir los ritos que acompañan la muerte y el entierro de su ser querido alterando bruscamente su proceso de duelo. No han podido sanar las heridas, obligadas a vivir con un dolor permanente que se revive cada vez que las noticias informan del hallazgo de nuevos cadáveres. Dos días después de encontrar los ocho cuerpos en el campo algodonero, fueron detenidos Víctor Javier García y Gustavo González Meza en sus domicilios. Los detenidos declararon haber sido sometidos a torturas y amenazas. Según las denuncias, esa situación de coacción les obligó a autoinculparse en los ocho asesinatos. Los indicios de tortura no fueron investigados por el juez y las confesiones fueron incorporadas como pruebas dentro del expediente judicial. Los familiares y abogados de los dos hombres han sufrido una campaña de hostigamiento y amenazas. El 5 de febrero de 2002, Mario Escobedo Anaya, abogado de Gustavo González Meza, murió por disparos de la Policía Judicial del Estado. Según informes oficiales, la policía actuó en defensa propia porque el abogado disparó primero. Sin embargo, esta versión se contradice con la de los testigos, quienes afirman que Mario Escobedo Anaya no disparó a la policía. Mientras tanto, en febrero de 2003, Gustavo González Meza fue encontrado muerto en su celda en la Prisión de Máxima Seguridad de Chihuahua, en circunstancias no aclaradas, después de una intervención médica. ¿QUE PUEDE HACER USTED? Si desea hacer campaña en el caso de las ocho mujeres encontradas en el campo algodonero:
Direcciones para el envío de llamamientos: Gobernador del Estado de Chihuahua: Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua: Copia a: Nuestras Hijas de Regreso a Casa: Integración de Mujeres por Juárez: |
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