Dra. Adelaida Flora Bolívar Arteaga la Nación
Fiscalía de la Nación
Av. Abancay, cuadra 5 s/n, Lima 1, PERÚ
Fax: 011 51 1 426 2800
Tratamiento: Sra. Fiscal de la Nación
Estimada Sra. Fiscal de la Nación:
Le envío esta carta para atraer su atención sobre la seguridad de Javier Rodolfo Jahncke Benavente, Defensor de los Derechos Humanos y Otros Miembros del Grupo de Derechos Humanos Red Muqui.
El defensor de los derechos humanos Javier Rodolfo Jahncke Benavente ha recibido una amenaza de muerte que parece estar relacionada con su trabajo para proteger los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos mineros del norte del país. La Red Muqui es una agrupación nacional de 19 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las comunidades rurales e indígenas afectadas por proyectos mineros. Esos derechos incluyen el derecho a la información y a ser consultado antes de que se tome decisión alguna sobre las actividades mineras en sus comunidades. Amnistía Internacional cree que él y otros miembros de la Red Muqui pueden correr peligro y no tiene conocimiento de que se haya abierto ninguna investigación.
Le insto a que exprese preocupación por que el defensor de los derechos humanos Javier Rodolfo Jahncke recibió una amenaza de muerte anónima el 15 de marzo; por su seguridad y por la de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la Red Muqui.
La exhorto a tomar medidas-las que las propias personas afectadas consideren adecuadas-para garantizar la seguridad de Javier Rodolfo Jahncke y todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la Red Muqui y a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la amenaza de muerte recibida por Javier Rodolfo Jahncke, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia.
Le pido también de mantenerme y Amnistía Internacional EE.UU. informados de los resultados de esta investigación y de transmitir un mensaje público que indique claramente que no tolerarán la intimidación y el acoso contra quienes defienden los derechos humanos.
Recomiendo encarecidamente que se garantice el derecho de las comunidades locales afectadas por proyectos mineros a recibir información y participar en un proceso de consulta abierto, transparente y justo antes de que se emprenda ninguna actividad minera en Perú.
El colectivo de defensores de los derechos humanos es parte fundamental de la sociedad y la protección de los derechos humanos depende de que este colectivo pueda llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias.
Confiando en recibir prontamente noticias suyas, acepte usted mi atento saludo,