Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por las violaciones generalizadas de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del sistema de justicia penal y seguridad pública de México. Los responsables deben rendir cuentas de sus actos, y deben introducirse, con carácter de urgencia, reformas inmediatas y sustanciales para impedir que se cometan nuevos abusos.

Me preocupan especialmente las siguientes cuestiones:
• los cargos penales infundados contra activistas de derechos humanos y opositores políticos;
• el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para obtener confesiones;
• el hecho de que, a menudo, a los sospechosos de delitos se los considere culpables hasta que se demuestre su inocencia;
• la ausencia de una defensa efectiva desde el momento de la detención, especialmente para las personas indígenas y sin recursos económicos;
• el amplio concepto de detenciones “en flagrancia”, que alienta las detenciones arbitrarias;
• la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.

Es evidente que el sistema de justicia penal y seguridad pública de México necesita una reforma sustancial para garantizar la efectividad y el respeto por los derechos humanos tanto de las víctimas de delitos como de los sospechosos de cometerlos.

Las autoridades mexicanas no tienen excusa para seguir demorando las reformas. Es más, para cumplir las promesas oficiales de proteger los derechos humanos y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, esas reformas deben ser una prioridad.

Deben tomarse las siguientes medidas:
• integrar explícitamente en la legislación las normas internacionales de derechos humanos establecidas en los tratados de derechos humanos ratificados por México;
• hacer de la presunción de inocencia un derecho fundamental protegido en la ley y en la práctica;
• poner fin a la tortura y los malos tratos de los sospechosos de delitos y garantizar que sólo se admiten como prueba las confesiones realizadas ante un juez en presencia de un abogado;
• garantizar el acceso a asistencia letrada efectiva desde el momento de la detención;
• convertir los servicios forenses en una entidad independiente e imparcial;
• limitar las facultades de la policía para practicar detenciones, de conformidad con las normas internacionales, con el objetivo de poner fin al uso generalizado de las detenciones arbitrarias;
• reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los agentes que cometen abusos responden de sus actos;
• poner fin al uso de cargos penales de motivación política contra personas que defienden los derechos humanos y opositores políticos como represalia por sus actividades legítimas.

Atentamente,