El/La Honorable [nombre completo] / The Honorable [full name]
Senado de los Estados Unidos / United States Senate
Washington, DC 20510
Estimado Senador [nombre completo],
El/La Honorable [nombre completo] / The Honorable [full name]
Cámara de Representantes de los Estados Unidos / United States House
of Representatives
Washington, DC 20515
Estimado Representante [nombre completo],
Estoy preocupado por la práctica de “extradiciones extraordinarias” mediante la cual Estados Unidos manda individuos para ser detenidos e interrogados a países que tienen antecedentes considerables de utilizar tortura. Las obligaciones legales de los EE.UU. bajo la ley federal y los tratados internacionales prohíben la transferencia de cualquier persona a países donde es posible que sean torturados. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno de los EE.UU. ha enviado o ha sido cómplice del envío de individuos a países como Egipto, Jordania y Afganistán, países que el Departamento de Estado ha criticado por practicar la tortura.
Soy consciente de que el Presidente Bush ha defendido la práctica de las “extradiciones extraordinarias” al declarar que EE.UU. tiene la “seguridad” de que los detenidos no estarán sujetos a la tortura o al trato inhumano. Aun así, me preocupa que el Fiscal General Alberto Gonzales y los oficiales del gobierno de los EE.UU. hayan admitido que no pueden monitorear ni, en última instancia, controlar las acciones de los otros países con antecedentes de la práctica de tortura, por lo cual los derechos humanos de los detenidos corren serio peligro.
El Congresista Edward Markey (MA) patrocinó la Ley de Prevención de la Subcontratación (H.R. 952) en la Cámara de Representantes y el Senador Patrick Leahy (VT) patrocinó la “Ley de la Convención en Contra de la Implementación de la Tortura” (S. 654) en el Senado. Ambos requerirán informes anuales de los países que están involucrados en actos de tortura y prohibirán la transferencia o el regreso de un detenido a un país que tiene antecedentes de tortura. Lo insto a coproponer y aprobar la H.R. 952/S. 654, un paso importante que afirma el compromiso de los EE.UU. bajo la ley federal e internacional para prevenir la tortura y ayudar a recuperar la credibilidad de los EE.UU.
Atentamente,