Estimada Sra. Secretaria:
Me dirijo a usted para expresar mi grave preocupación por la situación crítica de los derechos humanos en Colombia y mi indignación por nuestra política militarizada hacia ese país en un momento de necesidad humanitaria. Según la información que he recibido, éste no es el momento indicado para certificar que Colombia está avanzando en materia de derechos humanos.
Me he enterado de los informes realizados por el gobierno colombiano que afirman que la cantidad de secuestros y asesinatos ha disminuido y que esto es un éxito, pero estos informes parecen enmascarar la realidad grave y cada vez peor de los derechos humanos en muchas regiones de Colombia y para muchos colombianos. También me preocupan los informes que afirman que la oficina del fiscal general se encuentra investigando más de 100 casos de supuesta connivencia entre la organización paramilitar AUC y funcionarios militares, miembros del congreso, jueces y personal del servicio de inteligencia. Su propio Departamento ha designado a la AUC como Organización Terrorista Internacional y las personas que están investigadas en este momento por su colaboración con la AUC son los funcionarios responsables de proteger al pueblo colombiano. Éste es un escándalo para el respecto de los derechos humanos. Bajo estas circunstancias, la certificación parecería una burla a los derechos humanos y al compromiso del gobierno de EE.UU. de promover la justicia. De hecho, le estaría dando los fondos fiscales de EE.UU. a un gobierno envuelto en una relación directa con los grupos que usted misma llama terroristas.
La cantidad de las nuevas personas desplazadas internamente en Colombia está aumentando y según Amnistía Internacional actualmente asciende a más de 3 millones. Los informes realizados por numerosas organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos apuntan a ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad que asesinan civiles, cambian sus ropas y luego los muestran como guerrilleros asesinados en combate. Aunque el gobierno apoyó la desmovilización paramilitar, había docenas de informes sobre la actividad paramilitar que incluyen el hostigamiento a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil y asesinatos continuos de civiles. La Organización de los Estados Americanos ha identificado 22 grupos paramilitares nuevos que tienen aproximadamente 3.000 soldados desmovilizados y reclutados recientemente. Los defensores de las víctimas que se han atrevido a hablar sobre la infiltración paramilitar del establecimiento económico y político de Colombia, han sido asesinados.
La insto nuevamente a no enviar ayuda militar a Colombia a menos que usted tenga la certeza que dicho país está avanzando realmente en materia de derechos humanos.
Gracias por prestarle atención a este importante asunto,