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"Extradiciones extraordinarias" : ¿Estados Unidos está subcontratando la tortura?
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A Amnistía Internacional le preocupa la práctica de “extradiciones
extraordinarias” mediante la cual Estados Unidos manda individuos
para ser interrogados a países que tienen antecedentes de tortura.
Mientras que las leyes de los EE.UU. prohíben este tipo de transferencias,
lo cierto es que el Gobierno de los EE.UU. ha enviado o ha sido cómplice
del envío de individuos a países tales como, Jordania, Marruecos,
Siria y Egipto; países que Estados Unidos ha criticado por practicar
la tortura.
Insta a tu Representante a coproponer y aprobar la H.R. 952, “Ley de Prevención de la Subcontratación de Tortura”, y a tu Senador a coproponer y aprobar la S. 654, “Ley de la Convención en Contra de la Implementación de la Tortura", que trata estos problemas.
Favor de enviar correspondencia a miembros del Congreso de los Estados Unidos:
Contacta a tus legisladores a través de la Central Telefónica del Capitolio al 202-224-3121. También puedes enviar tu carta por fax o correo electrónico. Para obtener los números de teléfono, fax y correo electrónico de tus Senadores, visita http://www.senate.gov/ y para contactar a tus Representantes, visita http://www.house.gov/Welcome.shtml
Antecedentes
A Amnistía Internacional le preocupa la práctica de “extradiciones extraordinarias” mediante la cual Estados Unidos transfiere individuos para ser interrogados a países que tienen antecedentes en utilizar la tortura. Las leyes de los EE.UU. y los tratados internacionales prohíben la transferencia de sospechosos a países donde es muy posible que sean torturados. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno de los EE.UU. ha enviado o ha sido cómplice del envío de individuos a países como Jordania, Uzbekistán, Marruecos, Siria y Egipto; todos estos países que Estados Unidos ha criticado por practicar la tortura. El Gobierno de los EE.UU. no ha presentado una definición pública de las “extradiciones extraordinarias” ni ha revelado públicamente información acerca de esta práctica. La práctica de las “extradiciones extraordinarias” está encubierta en secreto, haciendo que sea difícil saber cuántos individuos están afectados. A los detenidos se les ha negado todo tipo de recurso legal para cuestionar su detención o prevenir su transferencia a un país donde puedan ser torturados. Se ha actuado con muy poca responsabilidad. El Congreso debe actuar para asegurar el cumplimiento de las leyes de los EE.UU. y la protección de los derechos humanos básicos.
Las “extradiciones extraordinarias” transgreden las leyes de los EE.UU. y los tratados internacionales. Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura de la ONU y adoptó la ley para ayudar a implementar las obligaciones internacionales a través de la Ley de Reestructuración y Reforma de las Relaciones Exteriores de 1998 (“FARRA”, por sus siglas en inglés). La Convención contra la Tortura les prohíbe a las naciones que deporten personas a países donde es muy posible que sean torturados. FARRA declara: “La política de los Estados Unidos debería ser la de no expulsar, extraditar ni, de lo contrario, efectuar el regreso involuntario de cualquier persona a un país en donde haya motivos importantes para creer que la persona estará en peligro de ser torturada, independientemente de si la persona está físicamente presente en los Estados Unidos.”
El Congresista Edward Markey (MA) introdujo la “Ley de Prevención de la Subcontratación de Tortura” (H.R. 952) y el Senador Patrick Leahy (VT) introdujo la “Ley de la Convención en Contra de la Implementación de Tortura” (S. 654) para evitar que los detenidos sean transferidos a países que tienen antecedentes en la práctica de la tortura. Se requerirán informes anuales de los países que estén involucrados en actos de tortura y se establecerán garantías de tales regímenes para las prácticas de expulsión de los inmigrantes y la extradición legal. Esta ley es un paso importante que afirma el compromiso de los EE.UU. con los acuerdos internacionales y las leyes nacionales para prevenir la tortura y ayudar a recuperar la credibilidad de los EE.UU.
El caso de Mahar Arar hizo notar públicamente las “extradiciones extraordinarias”. Las autoridades de los EE.UU. detuvieron a Arar, un ciudadano canadiense de ascendencia siria, en el aeropuerto JFK de Nueva York cuando viajaba a Canadá. Fue detenido e interrogado en los Estados Unidos durante varios días y se le negó el acceso a un abogado o a su familia. Lo transportaron a Jordania en contra de su voluntad, donde denuncia haber sido golpeado durante la detención. Luego, Arar fue trasladado por la fuerza a Siria donde estuvo detenido durante diez meses y supuestamente fue torturado. Los oficiales canadienses lograron su liberación y él ahora reside con su familia en Canadá. El caso Arar plantea muchas dudas acerca de cómo se tomó la decisión de deportarlo a Siria, a pesar de que viajaba con pasaporte canadiense y manifestaba el miedo a la tortura si lo regresaban a Siria.
Varios casos similares han sido denunciados desde entonces. Las autoridades suecas están investigando la captura y el traslado de dos hombres por parte de los EE.UU., Ahmed Agiza y Muhammed al-Zery, a Egipto donde ambos denunciaron haber sido torturados con dispositivos eléctricos. Además, Alemania e Italia están haciendo un seguimiento de investigaciones penales: a un ciudadano alemán, Khaled el-Masri, lo sacaron de un autobús en Macedonia y al parecer fue secuestrado por la CIA. Fiscales alemanes aseguran haber confirmado parte de la historia de el-Masri, que fue llevado a una prisión estadounidense en Afganistán, privado de agua e interrogado durante cinco meses hasta que le dijeron que había sido un caso de error de identidad y lo dejaron en Albania. El-Masri presentó una demanda judicial en contra de los Estados Unidos. Fiscales italianos investigan la participación de la CIA en el secuestro de Hassan Mustafa Osama Nasr, ya que 22 agentes de la CIA están acusados de secuestro. Según se informa, a Nasr lo secuestraron en Milán, le rociaron el rostro, lo obligaron a meterse en una camioneta y lo llevaron a Egipto.
Recomendaciones de Amnistía Internacional EE.UU.:
- Los miembros del Congreso deberían coproponer y aprobar la H.R. 952 y la S. 654, que tratan los problemas relacionados con las “extradiciones extraordinarias” y prohíben que los detenidos sean transferidos a países que tienen antecedentes en la práctica de la tortura.
- El Congreso y la Administración deberían volver a comprometerse para confirmar la ley nacional e internacional en contra de la tortura.
- La Administración debería proporcionar información pública sobre las “extradiciones extraordinarias” y garantizar la transparencia y la responsabilidad en relación con todos los detenidos por los Estados Unidos o transferidos a países con antecedentes de tortura.
