Abolir la Pena de Muerte
La pena de muerte ignora las enfermedades mentales
La ejecución de enfermos mentales o “los dementes” está claramente prohibida por la ley internacional. Casi todos los países del mundo prohíben la ejecución de personas con enfermedades mentales.
El derecho constitucional de los Estados Unidos está de acuerdo con algunas de estas salvaguardas, pero no lo suficiente. La ejecución de un demente, alguien que no comprende la razón de su castigo ni la realidad del mismo, viola la constitución de los Estados Unidos. (Ford v. Wainwright, 1986). La decisión de Ford dejó que cada estado determine la sanidad. Sin embargo, las protecciones constitucionales para los que padecen otras formas de enfermedad mental son mínimas, y varios prisioneros fueron ejecutados a pesar de que padecían enfermedades mentales graves.
- Ejemplos
- James Colburn tenía una historia médica de esquizofrenia paranoica cuando fue arrestado por homicidio. Durante su juicio en 1995, el Sr. Colburn recibía inyecciones de Haldol, antipsicótico que puede tener un poderoso efecto sedativo. En una evaluación luego de la condena, en 1997, se puso en duda la capacidad del Sr Colburn para enfrentar el juicio en ese momento, ya que se descubrió que había estado “muy sedado durante su juicio”.
- El 6 de enero de 2004, el Estado de Arkansas ejecutó a Charles Singleton, que se decía que estaba “trastornado de gravedad sin tratamiento” y “posiblemente incapacitado con tratamiento”. Sólo durante un episodio de “sanidad inducida por droga” el estado programó su ejecución.
- El 25 de enero de 2005 Troy Kunkle fue ejecutado en Texas aunque padecía de esquizofrenia y tenía antecedentes médicos en su familia de enfermedad mental.
El Estado de Texas se encuentra en el lugar 46 entre los 50 estados
de los Estados Unidos en cuanto a dinero gastado per capita en el tratamiento
de los enfermos mentales, incluidos los fondos para los servicios
de la salud mental en cárceles y prisiones (News 8 Austin, 21 de
abril de 2003). Texas gasta un promedio de $2.3 millones para tratar un
caso de pena de muerte.
(Noticiero de Dallas (Dallas Morning News), 8 de marzo de 1992).