Abolir la Pena de Muerte
La pena de muerte viola los derechos de los ciudadanos extranjeros
Se han ejecutado veintiún ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos desde 1988. Prácticamente a ninguno se le dio a conocer, en el momento de su arresto, su derecho a comunicarse con sus representantes consulares. En 16 de estos casos, se planteó la cuestión de la notificación consular en la apelación y se descartó, lo que permitió que procediera la ejecución.- La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 36
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“…si lo requiere, las autoridades competentes del Estado receptor deberá…informar a la oficina consular del Estado emisor si…un ciudadano de ese Estado es arrestado o llevado a prisión…. Dichas autoridades deberán dar a conocer a la persona en cuestión sin demora sus derechos según este subpárrafo”. Ratificado por los EE.UU. en 1969.
Entre otras funciones cruciales, la asistencia consular sirve para proteger el derecho legal de un acusado a tener un juicio imparcial, incluso el derecho a preparar una defensa adecuada, a entender la naturaleza de los cargos, a tener asistencia de un intérprete y el derecho a no ser obligado a confesar o atestiguar contra sí mismo.
Cerca de 120 ciudadanos extranjeros se encuentran condenados a pena de muerte en 17 jurisdicciones. Casi la mitad de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte son de México, que ha sido abolicionista en caso de delitos comunes desde 1937.
- Reglas de la Corte Internacional
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En octubre de 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló que las ejecuciones de los ciudadanos extranjeros a los que no se les dieron a conocer sus derechos constituyen una “privación arbitraria de la vida”, lo que requiere una solución bajo la ley internacional.
En marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que los Estados Unidos habían violado los derechos de 51 mexicanos en el pabellón de la muerte y ordenó que se revisaran sus casos. En la primavera de 2005, el Presidente George W. Bush firmó un memorando para el Fiscal General en el que afirmaba que los Estados Unidos cumpliría la decisión de la CIJ y anunciaba que se pediría a las cortes estatales que revisaran y reconsideraran el efecto de las violaciones del VCCR en los casos de dichos ciudadanos mexicanos que fueron condenados a muerte.
- Casos recientes
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- El 18 de junio de 1997, el Estado de Texas ejecutó a Irineo Tristan Montoya, ciudadano mexicano que, sin la presencia de un abogado, había firmado una confesión escrita en inglés, un idioma que no comprendía, leía ni hablaba. Las autoridades de Texas, aunque conocían la nacionalidad de Montoya, no le dieron a conocer sus derechos a tener acceso al consulado.
- En febrero de 1999, Karl y Walter LaGrand, dos hermanos alemanes, fueron ejecutados en Arizona. Las autoridades locales, aunque conocían su nacionalidad, no les dieron a conocer su derecho a acceder al consulado. Alemania demandó a los EE.UU. en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En junio de 2001, la CIJ dictaminó que los EE.UU. violaron la Convención de Viena y se pronunciaron a favor de Alemania.