Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

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June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


Los dirigentes de Ennahda condenaron reiteradamente el uso de la violencia. Sin embargo, desde finales de la década de los 80, las autoridades han intentado infructuosamente aportar pruebas de que Ennahda era una organización implicada en intentos de derrocar al gobierno por medios violentos. Por ejemplo, en julio y agosto de 1992, 265 personas fueron condenadas por tribunales militares en los recintos militares de Bouchoucha y Bab Saadoun, en Túnez, acusadas de conspiración para derrocar al gobierno y pertenencia a una organización no autorizada. Casi todos los dirigentes de Ennahda, incluidos quienes residían en el extranjero, fueron juzgados ante los tribunales militares de Bouchoucha y Bab Saadoun.

Observadores de Amnistía Internacional presentes en los juicios concluyeron que se violaron las normas básicas para un juicio justo, que las pruebas de conspiración fueron insuficientes y que la presunción de culpabilidad prevaleció sobre la presunción de inocencia.(4) Se hizo caso omiso de las recomendaciones de Amnistía Internacional para que se celebrase un nuevo juicio y se iniciasen investigaciones independientes sobre las denuncias de torturas y de irregularidades previas al juicio, como detención prolongada en régimen de incomunicación, falsificación de fechas de detención y falta de contacto con abogados. Diez años después, las autoridades tunecinas siguen sin aceptar las conclusiones de Amnistía Internacional.(5) Alrededor de 103 presos, condenados tras los juicios colectivos de 1992, aún están cumpliendo condenas que oscilan entre los 20 años de cárcel y la cadena perpetua; la mayoría de ellos son presos de conciencia, encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico de sus convicciones políticas o religiosas.
Desde entonces, las autoridades han utilizado la cuestión de la «seguridad» como pretexto para la represión de la disidencia política y del discurso crítico en todo el espectro político. Han reprimido la actuación de miembros de organizaciones como el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (Parti communiste des ouvriers tunisiens, PCOT) y el Movimiento de Demócratas Socialistas (Mouvement des démocrates socialistes, MDS) y de sindicalistas de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT).(6)

Después de los atentados que se produjeron en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, las autoridades tunecinas reiteraron que llevaban mucho tiempo advirtiendo acerca de la «amenaza terrorista». Su informe ante el Comité de la Lucha contra el Terrorismo, creado en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que «el Estado tunecino no esperó hasta los acontecimientos del 11 septiembre de 2001 para adoptar las medidas necesarias para luchar contra el fenómeno del terrorismo, pues ya había emprendido con toda firmeza y ganado esa batalla dentro de sus fronteras».(7)

Sin embargo, el 11 de abril de 2002, la explosión de un camión en el exterior de una sinagoga de Djerba causó la muerte a 21 personas, entre las que había 14 turistas alemanes. En un principio, las autoridades tunecinas manifestaron que había sido un accidente, pero posteriormente afirmaron que se trataba de un atentado criminal obra de activistas islamistas, el primero de esta magnitud. En junio de 2002, un portavoz de Al Qaeda admitió públicamente la autoría del atentado, que había sido obra de Nizar Naouar, un ciudadano tunecino que, según los informes, murió en la explosión.