Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA

Report
June 9, 2003

Túnez. EL CICLO DE LA INJUSTICIA


El informe finaliza con recomendaciones a las autoridades tunecinas para que conformen sus prácticas a las obligaciones de Túnez en virtud de la legislación nacional y del derecho internacional. Túnez es Estado Parte en tratados de derechos humanos de la ONU, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura).(1) Además, Túnez está vinculado legalmente por el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que se firmó el 17 de julio de 1995, entre, por un lado, la Comunidad Europea y sus Estados miembros y, por otro, la República de Túnez. Este Acuerdo entró en vigor el 1 de marzo de 1998, y su artículo 2 estipula que las relaciones entre las partes, así como las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política nacional e internacional y constituyen un elemento fundamental de ese Acuerdo.

El contexto político

Tras asumir el poder el 7 de noviembre de 1987, el presidente Zine al-Abidine Ben Ali anunció ambiciosas reformas destinadas a iniciar un cambio con respecto a su predecesor, el presidente Habib Bourguiba, cuyo gobierno había restringido enormemente las libertades civiles y políticas. Los presos políticos quedaron en libertad, gracias a una amnistía general. El gobierno ratificó tratados de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura; reformó el Código de Procedimiento Penal, suprimió el Tribunal de Seguridad del Estado, autorizó los partidos políticos y celebró elecciones legislativas.

Estas medidas positivas se vieron debilitadas por un rápido deterioro de las relaciones entre, por un lado, el gobierno y el partido en el poder (la Agrupación Constitucional Democrática, Rassemblement constitutionnel démocratique, RCD), y, por otro, algunos grupos de la oposición. Para impedir que aumentase la influencia de los movimientos islamistas, cada vez más populares, las autoridades prohibieron los partidos fundamentados en la religión. El Movimiento de Tendencia Islámica (Mouvement de la tendance islamique, MTI), el movimiento islamista mayoritario en Túnez, intentó formar un partido político, Ennahda (Renacimiento), pero se le negó la autorización legal en junio de 1989; a esta medida le siguió un recrudecimiento en la represión contra activistas y simpatizantes.

En septiembre de 1990, la muerte de un estudiante a consecuencia de los disparos de la policía durante una manifestación desencadenó una serie de manifestaciones; después de ellas se produjeron detenciones a gran escala de islamistas, lo que, a su vez, provocó nuevas manifestaciones de protesta. Durante las semanas y los meses siguientes, cientos de activistas islamistas, reales o presuntos, fueron detenidos. Decenas de ellos permanecieron recluidos en régimen de incomunicación durante semanas. Muchos sufrieron torturas, y algunos murieron mientras estaban recluidos. Sus muertes no fueron objeto de una investigación adecuada.(2)

Algunos activistas islamistas cometieron actos aislados de violencia. Por ejemplo, el 29 de enero de 1990, tres activistas islamistas arrojaron ácido a la cara de Mohamed Salah Manai, agente de policía, en Jendouba. El 17 de febrero de 1991 fue incendiada la oficina de la Agrupación Constitucional Democrática en el barrio de Bab Souika, en la capital, Túnez; según los informes, fue obra de activistas islamistas. En el incendio murió Amara Soltani, un guarda de seguridad de 60 años, y Lahzar Ben Rjeb, otro guarda, sufrió quemaduras tan graves que tuvieron que amputarle las dos manos.(3)